Fuente: Expansión
Las compañías aprovechan la iniciativa europea para intensificar sus exigencias al Gobierno español para que desbloquee algunos cuellos de botella del sector, instándole a que siga “la hoja de ruta de Bruselas” sin más dilación, para evitar que España se quede a la cola. A juicio de las eléctricas, “España no está cumpliendo con las exigencias marcadas por Bruselas“, según se desprende del análisis de la situación nacional frente a las nuevas directrices europeas.
Planificación muy rígida
El documento europeo destaca la necesidad de una planificación centralizada y flexible, inversiones anticipadas y una gestión ágil de las conexiones a la red.
En España, el proceso de planificación “sigue siendo excesivamente largo y rígido, y el Operador del Sistema no ha ejecutado las inversiones previstas”, dicen las eléctricas, en referencia a Redeia, que a través de Red Eléctrica gestiona la red de alta tensión. Además, tachan a Redeia (participada en un 20% por el Estado) de falta de independencia.
También denuncian la falta de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, lo que genera conflictos de interés y retrasos en proyectos clave.
Saturación de la red
La saturación de la red es otro de los grandes problemas, dicen. Recuerdan que el 87% de los nudos ya están saturados, lo que impide atraer nueva industria y electrificar sectores como el transporte o la vivienda.
En 2024, menos del 10% de las solicitudes de conexión a la red de distribución fueron concedidas, dejando sin materializar inversiones por valor de 332.000 millones de euros. Esta situación también retrasa la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. De hecho, la Comisión insta a la modificación de directrices para promover conexiones eficientes y rápidas, con criterios anticipatorios. El marco retributivo propuesto para la distribución eléctrica en España es otro punto crítico, recuerdan desde las eléctricas.
Tasa de retribución
La tasa de retribución (6,58%) es muy inferior a la de otros países europeos (7,4% en Alemania, 8,8% en Irlanda, por ejemplo) y sectores regulados nacionales, lo que desincentiva la inversión y va en contra de las recomendaciones tanto de la Comisión Europea como del propio Ministerio para la Transición Ecológica.
Límite a la inversión
Además, se mantienen límites históricos a la inversión, se reducen los costes permitidos al suministro y se introduce un coste máximo para nuevas conexiones, lo que dejará fuera proyectos estratégicos y, en contra de la no discriminación entre usuarios de la red que indica Europa, acentuará la discriminación territorial y entre consumidores en función de su coste de conexión.