Fuente: Cinco Días
El anteproyecto de ley para la restauración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) avanza en su trámite. El texto está ya en manos del Consejo de Estado para que este emita su dictamen preceptivo, tras haber pasado por el Ministerio de Hacienda, donde ha estado aparcado varias semanas. El ministerio que dirige María Jesús Montero, a petición del Gobierno, ha analizado la posibilidad de introducir un cambio en el anteproyecto para dotar de más autonomía financiera al futuro regulador de la energía, concretamente, que su presupuesto sea “estimativo” y no “limitativo”, tal como figura en el artículo 29 del texto legal en trámite. Aunque el presupuesto de la antigua CNE era estimativo, la ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que se integró aquella en 2013, perdió esa ventaja y se le impuso un presupuesto limitativo.
Según fuentes del sector, tras muchas vueltas, el Ministerio de Hacienda ha rechazado este cambio que, por cierto, solicitó la propia CNMC en el informe que aprobó en marzo sobre el anteproyecto de segregación del regulador energético. Este seguirá integrado en sus filas (en la Sala de Supervisión Regulatoria) hasta que se apruebe definitivamente la ley. “Pocos confiaban en que Hacienda admitiera este cambio, que daría más autonomía financiera a la CNE y supondría menos control para sí mismo”, aseguran dichas fuentes.
Aunque el Gobierno podría haber cambiado el citado artículo del anteproyecto, la opinión de Hacienda se consideraba decisiva. Aun con todo, en el trámite parlamentario, que llegará una vez que el Consejo de Estado publique su dictamen y que el Consejo de Ministro apruebe remitirlo a las Cortes como proyecto de ley (probablemente, en su primera o segunda reunión de septiembre), se podría introducir alguna enmienda para corregir el texto.
El artículo 29 establece que la CNE se nutrirá principalmente de las asignaciones que se establezcan anualmente en los Presupuestos del Estado, mediante “un régimen de carácter limitativo y vinculante al nivel de especificación establecido por la legislación presupuestaria para los organismos autónomos”.
Además, “el régimen de variaciones y vinculación de los créditos de dicho presupuesto será el que se establezca en el estatuto orgánico de la CNE”, que escapa a su potestad, pues su aprobación, mediante real decreto, corresponderá al Gobierno. El estatuto definirá las funciones y estructura interna de la secretaría del consejo, las direcciones y demás áreas de responsabilidad.
Los organismos públicos tienen un presupuesto limitativo: la Ley de Presupuestos fija el gasto máximo en que pueden incurrir estos, aunque su financiación corra a cargo de ingresos extrapresupuestarios, como los peajes energéticos en el caso de la CNMC y en la futura CNE.
Cubrir ya las vacantes
Por el momento, una vez alcanzado un acuerdo con el Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fuentes políticas aseguran que el Gobierno quiere cubrir este mismo mes las cinco vacantes que se han acumulado en el consejo de la CNMC desde el verano del año pasado.
Aunque hay quien considera que este plazo es precipitado (los nuevos consejeros no podrían jurar su cargo hasta septiembre), el Ejecutivo quiere ir despejando el panorama institucional, ya que en menos de un año debe designar (previo pacto, en algunos casos, con el PP) a 16 miembros de distintos organismos, incluidos los siete de la nueva CNE, que se prevé que entre en funcionamiento a principios de 2025.
Los nombramientos que más urgen son los de la CNMC, RTVE y el Banco de España, después de que al gobernador, Pablo Hernández de Cos, le caducase el mandato el 10 de junio. Desde ese día ocupa su cargo en funciones la subgobernadora, Margarita Delgado, a la que le expira el suyo en septiembre.
Respecto a la CNMC, uno de los sillones lo ocuparía un consejero propuesto por el PNV. Según fuentes del sector, el partido vasco habría optado por un candidato de perfil energético (ligado -aseguran-, al Ente Vasco de la Energía) ya que el PNV tendrá solo un representante en los reguladores sectoriales: o en la CNMC o en la CNE. De esta manera, al tener ya un consejero energético en el primer organismo, este podría ser traspasado a la CNE el próximo año.
De los cuatro puestos restantes, la cuestión es si al PP se le ofrecen dos o uno (en estos momentos no tiene a nadie en el consejo). La pelota está en los tres ministerios del Gobierno que se sienten con derecho para proponer sus candidato: el de Economía, de Carlos Cuerpo, ya que el organismo que preside Cani Fernández está adscrito a esta cartera; el de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, pues Energía sigue en sus manos hasta que se segregue la CNE y, por último, el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, que reclama sus derechos sobre el regulador de las telecos, que seguirá integrado en la CNMC. De hecho, Escrivá, que ocupa esta cartera de nueva creación, llegó a reclamar la segregación de este regulador sectorial, en línea con la CNE (que había rechazado la anterior ministra de Economía, Nadia Calviño), aunque, “ya era demasiado tarde para reiniciar un proceso no sin problemas”, señalan distintas fuentes.
Aunque lo más urgente es resolver los cambios de la CNMC y del Banco de España, no se descarta que se produzcan también los previstos en diciembre en Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando caducan los mandatos del presidente, Rodrigo Buenaventura, y la vicepresidenta, Montserrat Martínez. Si, como se rumorea, esta pasa a ser gobernadora o subgobernadora del Banco de España en septiembre, su relevo en la CNMV se adelantaría. No obstante, al supervisor de los mercados se le considera políticamente menos relevante.
