Fuente: El Economista
Eurelectric, WindEurope, Solarpower Europe y la European Federation of Energy Traders, es decir, la mayor parte de la industria energética europea y algunos de los mayores bancos del mundo, acaban de dar un golpe sobre la mesa para que se retire la intervención de precios del mercado mayorista en Europa, ya que aseguran que se ha demostrado como tóxica para atraer la inversión.
El sector eléctrico de la UE pide a los Estados miembros que no prolonguen las medidas de emergencia sobre las intervenciones en el mercado de los ingresos inframarginales adoptados el año pasado en plena crisis energética, en línea con la recomendación lanzada por la Comisión Europea.
En opinión de las patronales eléctricas, las medidas de política estructural previstas ahora en el marco de la reforma del mercado de la electricidad, por ejemplo, facilitar la adopción de acuerdos de compra de energía, introducir Contratos por Diferencia voluntarios a dos bandas, diversificación de los contratos de consumo, precios minoristas regulados excepcionales y precios minoristas regulados excepcionales y temporales en caso de crisis de los precios de la electricidad, etc., ayudarán a proteger a los consumidores contra la posible volatilidad de los precios a corto plazo.
Pero la mejor protección contra una crisis energética, aseguran, “sigue siendo que Europa despliegue a gran escala las tecnologías que le permitirán alcanzar su objetivo de energía neta cero”, un extremo que ven complicado de seguir estas medidas en vigor.
“Las intervenciones nacionales en forma de topes de ingresos han demostrado ser tóxicas para las nuevas inversiones en estas tecnologías. Por ejemplo, dieron lugar a la firma de un 21% menos de contratos de compraventa de energía en 2022 frente a 2021, y a la firma de sólo 17.000 millones de euros en 2022 en nueva energía eólica, la cifra más baja desde 2009. También han reducido la posibilidad de que los participantes en el mercado estabilicen los precios para los consumidores (cobertura) en varios mercados, y han reducido el interés de los consumidores por los PPA y otras herramientas de mercado” indican las compañías.
Los límites de ingresos inframarginales, aseguran, “son un claro fracaso político con graves repercusiones en la certidumbre de los inversores y grandes riesgos para el funcionamiento del mercado eléctrico y la transición energética europea”. Esta fue también la conclusión de la evaluación de la Comisión Europea sobre su aplicación que recomendaba su supresión.
Ante esta situación, que además tiene visos de prolongarse por ejemplo en el caso de España, donde la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha asegurado que quiere mantenerlas en vigor hasta finalizar el año, el sector ha reclamado que esta intervenc¡ón se retire de la legislación nacional según lo prescrito por la legislación de la UE antes del 30 de junio de 2023. Además inciden en la necesidad de que se promulguen criterios claros y estrictos para acabar con una crisis regional de precios de la electricidad.
De lo contrario, explican las eléctricas, se dañaría aún más y de forma permanente la integridad del mercado interior de la energía y Europa perdería su competitividad en la carrera mundial por la energía limpia en un estado constante de incertidumbre política y en última instancia, comprometería la consecución de un Pacto Verde europeo.
