Fuente: El Periódico de la Energía
El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ve “muy difícil” que las siete centrales nucleares españolas cierren en 2035 y ha pedido al Gobierno que sea flexible en la fecha, ante el retraso en el modelo de almacenamiento de los residuos y en la adaptación de las redes eléctricas, en un contexto marcado por el lento avance de las renovables, en sus palabras.
En un encuentro con periodistas en Barcelona este martes, Araluce se ha referido al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que fija un calendario de cese ordenado de las nucleares, que comienza en 2027 y finalizará en 2035, de forma que ese año está previsto que las centrales dejen de estar operativas.
“Pero el PNIEC es un plan, no una certeza, y solo fija la vida de las centrales nucleares”, ha dicho el representante del sector, que ha advertido de que, en materia de almacenamiento de residuos, no se ha hecho nada, en sus palabras, mientras que la adaptación de las redes eléctricas –se pasará de un modelo de grandes centrales a otros con centros más pequeños y distribuidos– va muy retrasada.
Ha añadido a esa situación el hecho de que tampoco no se ha avanzado en energía renovable y ha recordado que los siete reactores nucleares operativos en España (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II) producen más del 20% de la energía eléctrica que se consume en este país.
El cierre de las nucleares
En el caso de Cataluña, el 60% de la energía que se consume procede de las tres nucleares (Ascó 1 y II y Vandellós II, las tres en Tarragona), un 16% del ciclo combinado, un 1% de la fotovoltaica y un 8% de la eólica. “En Cataluña no se está haciendo nada en renovables”, ha sentenciado.
Recientemente, la patronal Foment del Treball reclamó la ampliación de la operativa de las centrales nucleares por diez años más.
Almacén
Ha criticado la decisión del Gobierno de posponer hasta 2073 la construcción de un almacén geológico profundo pues, mientras tanto, las centrales deberán guardar sus residuos en contenedores individuales situados junto a sus instalaciones, cuando la filosofía era “dejar el campo verde, como estaba antes” de la construcción de las centrales.
Actualmente, las centrales pagan en España 8 euros por cada megawatio/hora, es decir, 450 millones por residuos, una cifra que el Gobierno, ha dicho Araluce, quiere elevar a 600 millones, y a la que hay que añadir los 1.000 millones que pagan las siete nucleares en impuestos, siendo Cataluña la Comunidad Autónoma donde más se tributa, 160 millones en el último ejercicio.
Por ello, Foro Nuclear –que representa los intereses del sector nuclear–, además de presentar alegaciones contra los planes del Gobierno, ha presentado dos recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Supremo contra la decisión de dar marcha atrás en su idea inicial de crear un almacenamiento temporal centralizado (ATC), y la nueva cifra de pago por residuos.
Araluce ha afirmado que el sector está preparado para afrontar una prórroga de la fecha de cierre en España, ya que cada año invierte 200 millones en poner a punto las instalaciones: “Por ello están todas nuevas, se les ha hecho un lifting en profundidad”.