Fuente: El Periódico de la Energía
El Parlamento Europeo aprobó el martes de la semana pasada la reforma del sistema que pone precio a las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea, incluyendo dentro de este al sector de la aviación y el transporte marítimo, un nuevo mecanismo denominado “Mecanismo de Ajuste en las Fronteras del Carbono” y un nuevo Fondo Social para el Clima.
Así, con la aprobación de la reforma del régimen de comercio de los derechos de emisión (RCCDE) la UE aumenta la ambición en el comercio del CO2, puesto que las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores del régimen deben reducirse en un 62% para 2030 en comparación con los niveles marcados en 2005.
Según han declarado analistas de Vertis a este medio, la reducción de la oferta global de derechos de emisión a través del factor de reducción lineal del 4,3% anual a partir del año que viene “supondrá una reducción de la oferta de unos 84 millones, casi el doble de la tasa vigente hasta 2023. Además, habrá reducciones puntuales, lo que no sólo acortará aún más el mercado en general, sino que el precio más alto lo notarán más las industrias debido a la fuerte reducción de la asignación gratuita en la mayoría de los sectores”.
Emisión de GEI
La CE ha aprobado también la supresión progresiva de los derechos de emisión gratuitos para las empresas a partir de 2026 hasta 2034, y ha creado un nuevo régimen de comercio de los derechos de emisión, independiente, para los combustibles destinados al transporte por carretera y los edificios, que pondrá precio a las emisiones de gases de efecto invernadero de estos sectores en 2027.
El Parlamento también mostró su acuerdo en la aprobación de la inclusión, por primera vez en la historia, de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector marítimo en el régimen de comercio de derechos de emisión y la revisión del régimen para la aviación, de manera que se eliminarán progresivamente los derechos gratuitos para este sector a partir de ahora hasta 2026. Además, la Comisión busca fomentar el uso de combustibles sostenibles en el transporte aéreo.
Carbono en frontera
La iniciativa más novedosa es el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por su siglas en inglés), que fue aprobada con 487 votos a favor, 81 en contra y 75 abstenciones, validando así el acuerdo alcanzado el pasado diciembre entre el Parlamento Europeo, los Estados miembro y la Comisión Europea.
La medida busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.
En particular, este gravamen se aplicará a partir del 1 de octubre de 2023 —pero con un período transitorio donde las obligaciones del importador se limitarán a proporcionar datos sobre sus emisiones— a las importaciones de sectores como la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad, como propuso la Comisión.
De esta manera, el Mecanismo se introducirá progresivamente desde 2026 hasta 2034, paralelamente a la eliminación de los derechos de emisión gratuitos.
Fondo social
Con la creación del Fondo Social para el Clima (FSC), cuya creación se llevará a cabo en 2026, los máximos representantes del Viejo Continente pretenden fijar como objetivo garantizar que la transición climática sea socialmente inclusiva y justa.
Una vez implantado, se beneficiará mediante la subasta de derechos de emisión del nuevo RCDE, hasta de un importe de 65.000 millones de euros, con un 25% adicional cubierto por recursos nacionales.
A él pondrán acogerse hogares vulnerables, microempresas y usuarios del transporte especialmente afectados por la pobreza energética.
