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La Comisión Europea prepara una profunda revisión de su política de renovables para la próxima década. Bruselas estudia reducir el número de objetivos obligatorios por sectores de la Directiva de Energías Renovables para sustituirlos por un marco más flexible, centrado en acelerar las inversiones, facilitar la electrificación, desplegar almacenamiento y reducir los vertidos de electricidad renovable.
Así se desprende de un borrador de la evaluación de impacto, al que ha tenido acceso elEconomista.es, que acompaña los trabajos para diseñar el marco europeo de renovables posterior a 2030.
El giro supone un cambio significativo respecto al modelo utilizado hasta ahora. La opción que aparece como preferida transformaría un sistema apoyado en objetivos sectoriales específicos en otro orientado a eliminar barreras regulatorias, mejorar las señales de inversión y permitir a los Estados mayor flexibilidad para decidir cómo alcanzan sus compromisos energéticos y climáticos.
La Comisión parte de que las renovables deberán crecer mucho más rápido para cumplir el objetivo climático de reducir un 90% las emisiones en 2040. El escenario central del documento sitúa su peso en el consumo final de energía en torno al 65%-70% en 2040, frente a cerca del 53% si se mantienen las tendencias actuales.
La diferencia es todavía más visible en el sistema eléctrico. Bruselas calcula que serían necesarios entre 2.000 y 2.400 GW de capacidad renovable instalada en 2040, mientras que la prolongación de las tendencias actuales dejaría la cifra alrededor de 1.400 GW. Existe, por tanto, una brecha de unos 600 GW.
Uno de los cambios más relevantes afectaría a los actuales subobjetivos. El borrador plantea eliminar determinados planes específicos en calefacción y refrigeración, redes de calor y frío, edificios e industria, además de reducir los solapamientos entre la Directiva de Renovables y otras normas europeas.
En calefacción, la Comisión descarta como opción preferida prolongar hasta 2040 un objetivo obligatorio de incremento anual de renovables. En su lugar propone indicadores para geotermia, solar térmica y bombas de calor, que se incorporarían al Reglamento de Gobernanza y a los planes nacionales de energía y clima. Bruselas considera que el actual subobjetivo no ha demostrado una influencia suficientemente clara sobre el despliegue de estas tecnologías.
En transporte, sin embargo, propone mantener la obligación que recae sobre los suministradores de combustibles, aunque sin conservar necesariamente un objetivo renovable independiente. También plantea mantener los créditos por el suministro de electricidad renovable a vehículos eléctricos y extenderlos a puntos de recarga privados, puertos y aeropuertos.
La revisión puede tener importantes consecuencias para la industria del hidrógeno. La opción preferida contempla sustituir los actuales objetivos nacionales vinculantes de RFNBO por un objetivo indicativo europeo de consumo de hidrógeno renovable. El borrador sitúa esa referencia en 8 millones de toneladas y defiende que una meta agregada permitiría concentrar la producción en las zonas con mayor disponibilidad de electricidad limpia y menores costes.
La otra gran prioridad es la integración de la nueva generación renovable. El documento estima que Europa necesitaría alrededor de 500 GW de almacenamiento en 2040, frente a 56,5 GW en 2025. Bruselas propone clarificar las reglas para proyectos híbridos de renovables y baterías, desarrollar contratos de flexibilidad y reforzar las garantías de origen del almacenamiento.
También quiere que los operadores de las redes ofrezcan más información sobre conexiones flexibles y contratación de servicios de flexibilidad, con el fin de proporcionar mejores señales sobre dónde resulta más eficiente instalar baterías o gestionar la demanda.
Bruselas quiere asimismo reforzar el Renewable Energy Financing Mechanism para organizar subastas europeas destinadas a tecnologías renovables, proyectos innovadores o soluciones de integración. Estas licitaciones podrían financiarse con presupuesto comunitario y estar abiertas a todos los Estados.
La reforma incluiría cambios en biomasa, con una simplificación de los criterios de sostenibilidad y la creación de un Bioenergy Scoreboard. Al mismo tiempo, Bruselas plantea limitar la cantidad de biomasa sólida primaria utilizada por los hogares que los Estados pueden contabilizar como renovable, tomando como referencia 2024.
El resultado sería una política menos apoyada en cuotas y más centrada en integración y flexibilidad. Bruselas pretende acelerar así las inversiones sin multiplicar obligaciones regulatorias y contener los costes de congestiones, vertidos y falta de capacidad.