Fuente: El Economista
El Gobierno se queda sin cobertura legal para mantener la intervención de precios del mercado mayorista de electricidad. El Ejecutivo tiene que decidir antes de acabar el año qué pasará con el límite que impuso de 67 euros para las llamadas tecnologías inframarginales (renovables y cogeneración) pero ya no cuenta con el respaldo explícito de la Comisión Europea.
Bruselas presentó en junio un demoledor informe en el que dejaba a España sin cobertura para mantener esta intervención del mercado mayorista hasta finales de año, pero el Gobierno logró prorrogarlo, al igual que la llamada excepción ibérica.
El informe, al que tuvo acceso elEconomista.es, recomendaba ya entonces la retirada de las medidas de intervención adoptadas por la crisis energética. Bruselas consideraba que no debían prorrogarse las medidas relativas al tope de precios de las energías inframarginales de 180 euros en Europa (67 euros en España).
En su informe, en el que revisaba las medidas de intervención de emergencia recogidas en el Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo, se apoyaba en que durante los primeros meses de 2023 los precios del gas natural han caído y se han estabilizado, y por tanto, también los precios de la electricidad.
Asimismo, la Comisión consideraba que no se esperan picos de precios de la electricidad como en 2022 y, por lo tanto, justificaba que la prórroga no era necesaria ni recomendable. En opinión de Bruselas, la implementación ha sido muy heterogénea en los estados miembros, generando una importante incertidumbre regulatoria, riesgos para el desarrollo de renovables y la percepción de las mismas como una barrera de entrada.
Eurelectric, WindEurope, Solarpower Europe y la European Federation of Energy Traders, es decir, la mayor parte de la industria energética europea y algunos de los mayores bancos del mundo, dieron ya en junio un golpe sobre la mesa para que se retirase esta intervención de precios, ya que aseguran que se ha demostrado como tóxica para atraer la inversión.
Algunos estados miembros informaron a Bruselas de dificultades en su implementación, y altos costes administrativos en comparación con sus beneficios. Una prórroga de la medida obstaculizaría uno de los objetivos establecidos en la propuesta de diseño del mercado de la Comisión: incentivar los PPAs y garantizar un mercado de PPAs lo más líquido posible.
El Gobierno pidió a la Comisión Europea mantener la llamada excepción ibérica hasta acabar el año para poder aprobar la reforma de mercado. El Coreper, la representación de embajadores, dará hoy el visto bueno a los documentos finales de la reforma de mercado para que se ratifique su aprobación por el Parlamento y la Comisión Europea a principios del próximo año y en los documentos a los que ha accedido este diario no se da cabida a esta opción. La UE ha prolongado el mecanismo para la aprobación acelerada de renovables y redes.
