Fuente: Cinco Días
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentará hoy tras el Consejo de Ministros las líneas maestras de la propuesta que el Gobierno español va a remitir a Bruselas para la reforma del mercado mayorista de la electricidad, cuyo debate está previsto para la próxima primavera entre los países comunitarios.
Esta propuesta, incluida en un informe que analiza el Gobierno en su reunión de hoy, es la primera que envía un Estado miembro a la Comisión Europea sobre la citada reforma y coincide con la solicitud de España de que se extienda hasta fin de 2024 la llamada excepción ibérica, que impone en la Península un precio tope a la generación eléctrica con gas y caduca en junio. Ese es el plazo que el Gobierno prevé para alcanzar un consenso para la reforma del mercado marginalista.
Precisamente, la clave de la reforma que plantea el Ejecutivo es el desacoplamiento de la generación eléctrica con gas natural de dicho mercado, que no implicaría eliminar el sistema marginalista, según fuentes conocedoras del informe. De hecho, la excepción ibérica no expulsa al gas del pool, sino que impone un tope de precio para evitar que las tecnologías inframarginales (nuclear, hidráulica o renovables) se contaminen de las altas cotizaciones de aquel (también de las del carbón).
Hay varias formas de abordar el desacoplamiento y en distintos grados, añaden las mismas fuentes, que reconocen que todo está encima de la mesa. Entre las opciones, figura la segmentación del mercado por tecnologías; sacar del mismo a algunas energías, como la nuclear, garantizándole unos 60 euros/MWh, o creando un mercado de capacidad, en paralelo al marginalista, para las tecnologías de respaldo (gas, nuclear y carbón), que podrían elegir entre uno u otro.
La reforma será un hueso duro de roer (ya el actual sistema de mercado tardó muchos años en configurarse), máxime teniendo en cuenta que hay varios países que se oponen a hacer cambios y que no plantearán, por tanto, ninguna propuesta. Se trata de Alemania, Austria, Holanda y los países escandinavos. En el caso de los países del Este, hay diferencias de opiniones y únicamente el bloque del sur (Francia, Italia, España y Portugal) es claramente partidario de una reforma a fondo del mercado mayorista desacoplando, de una u otra manera, al gas natural.
Informe Fabra
La propuesta del Gobierno se basa, según fuentes del sector, en el estudio que Transición Ecológica encargó en su día a Natalia Fabra, catedrática de Análisis Económico de la Universidad Carlos III y consejera independiente de Enagás. Presentado el 22 de noviembre con el título de Electricity Markets in Transition: A proposal for Reforming European Electricity Markets, la autora reitera que el actual diseño del mercado “es inadecuado, tanto si los precios del gas son altos como bajos”, pues, en su opinión, “un solo precio no puede adaptarse a la miríada de tecnologías coexistentes, conduce a pérdidas para algunas energías o a ganancias para otras. Una talla no sirve para todos”.
La escalada de los precios del gas en el último año, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, ha desencadenado una fuerte inflación en Europa y pone en cuestión los objetivos medioambientales de la UE. Así, considera que “el diseño del mercado eléctrico está en el centro del problema, ya que hace que los consumidores paguen por toda la generación al coste de la planta más cara”.
Para ello, plantea un mercado de energía líquido y transparente a corto plazo y subastas de contratos a largo plazo, “que promuevan decisiones de inversión eficientes con una rentabilidad razonable para los inversores”.
Cada tecnología tendría sus propios contratos. Y estos serían cuatro: para las energías renovables intermitentes, contratos por diferencias para reducir el riesgo de las inversiones; para las energía flexibles, contratos de flexibilidad para incentivar la producción en los momentos en que sean necesarias; para los activos capaces de arbitrar las diferencias de precios, la solución que se plantea son los pagos por capacidad, que reducen el riesgo y recuperan costes. En cuanto a las centrales con capacidad firme (gas, nuclear o carbón) se impondría un límite de precio y se penalizarían en caso de no estar disponibles.
“La competencia por estos contratos, a su vez, contribuirá a trasladar las ganancias de eficiencia resultantes a precios más bajos para los consumidores”, señala el informe. En los casos en que la competencia sea imposible porque las inversiones ya se hayan realizado y no hay libre entrada al mercado, “el regulador establecerá los precios de los contratos a través de auditorías de costos para garantizar una tasa de retorno justa”, añade.
