Fuente: Voz Pópuli
La reforma del mercado eléctrico en Europa está en marcha. La forma en la que se relacionan la producción, distribución y comercialización de electricidad en el Viejo Continente se espera que cambie en 2024. Y España tiene un papel muy protagonista. La propuesta que salió de la Comisión Europea en marzo esquivó la presión de Madrid para revolucionar el mercado actual. La iniciativa que finalmente sacó la Comisión casaba más con ideas de países como Alemania. Ahora es el turno del Parlamento Europeo y España promete desde ya también elevar el tono del debate.
El diputado al Parlamento Europeo por el PSOE, Nicolás González-Casares, ha enviado a sus compañeros de la Eurocámara un texto con 186 cambios a la propuesta de la Comisión Europea. González-Casares tiene el título de ponente oficial o ‘rapporteur’, como se denomina en la jerga institucional de Bruselas, en esta propuesta legislativa. Esto quiere decir que el eurodiputado español se encargará de redactar los informes que contengan la posición de todo el Parlamento Europeo. Ahora recopilará y negociará con el resto de grupos políticos la posición definitiva de la Eurocámara que, previsiblemente, se producirá después de verano. Por último, la última opinión será del Consejo Europeo que, en el segundo semestre de 2023, presidirá España.
De momento, González-Casares pone encima de la mesa 186 enmiendas. El eurodiputado, de origen gallego, ha liderado el debate entre los socialistas del Parlamento con jornadas donde han participado Albert Riera, miembro del Ministerio para la Transición Energética, o Natalia Fabra, consejera de Enagás y considerada como una de las principales gurús de Teresa Ribera. Un eurodiputado, que considera poco ambiciosa la propuesta de la Comisión Europea, es el encargado de llevar la voz del Parlamento a las negociaciones.
España ya tiene opositores
El paquete de enmiendas que propone el eurodiputado español contiene desde pequeñas matizaciones de redacción de la Comisión Europea a cambios de mayor sensibilidad entre los países miembros, como es el caso de los mercados de capacidad. El ponente alternativo de los Verdes, Michael Bloss (Alemania), mostraba este fin de semana su discrepancia con este punto tras recibir sus enmiendas.
Para el eurodiputado alemán este cambio pretende convertir en permanentes los mercados de capacidad basados en gas, nuclear y carbón, fuentes energéticas que, como consecuencia, serán receptoras de fondos públicos a largo plazo. Estas medidas, según Bloss, prolongan la vida de “los asesinos del clima por excelencia”. El ponente alternativo considera que para facilitar la integración de una proporción creciente de generación renovable, los mecanismos de capacidad deben considerarse un elemento temporal.
González Casares plantea que los mecanismos de capacidad como respaldo al sistema eléctrico sean permanentes. De este modo, el respaldo a la generación, que recae en combustibles fósiles y energía nuclear, se convierten en un elemento “estructural” y no solo temporal. Un hecho que destaca que es muy pronunciado, especialmente, en casos cuando el nivel de interconexión del Estado miembro no está suficientemente desarrollado. Esto, inevitablemente, alude a la situación de España y Portugal, donde la falta de interconexión fue el argumento clave para conseguir el tope al precio del gas, conocido como mecanismo ibérico. De este modo, el gas puede introducirse permanentemente en los mecanismos de capacidad nacionales.
En el caso de Francia, dichos mecanismos estarían sustentados por la energía nuclear. Una medida que ha recibido ya las críticas del PP Europeo. Maria Graça Carvalho, ponente alternativa del EPP, se muestra “totalmente en contra” de este tope. “Esta medida desincentivaría el ahorro energético por parte de los consumidores y también la inversión por parte de la industria, específicamente en renovables”, expone la eurodiputada portuguesa.
Cambios clave
Otro de los temas que quiere matizar el eurodiputado español son 180 euros megavatio hora como precio límite para el mercado mayorista de electricidad. Un tope que se quiere imponer “por si acaso”, pero que permite que los países miembros lo impongan más bajo, como es el caso del plan que impuso Teresa Ribera en septiembre de 2021. En España, las eléctricas devuelven todo lo que ingresan por encima de 67 euros/MWh.
González Casares flexibiliza en sus enmiendas los criterios sobre cuándo se puede declarar una crisis. Su plan es que los precios mayoristas deben ser al menos dos veces el promedio de los cinco años anteriores y se espera que continúe en esos niveles durante al menos tres meses. La Comisión había propuesto una fórmula que reflejaba un aumento de precio de 2,5 veces y un período de seis meses. Tal escenario permitiría a los estados miembros intervenir y fijar los precios para los consumidores.
Su texto evita otros frentes controvertidos con las empresas como las subastas obligatorias a inframarginales (nuclear o hidráulica), pero plantea que los países regular sobre empresas verticalmente integradas (Iberdrola, Endesa o Naturgy) para que faciliten su producción eléctrica a terceros.
Sus cambios insisten en otro punto que también encuentra la discordia: los contratos por diferencia. Una medida en la que se acuerda un precio entre comprador y vendedor, que se liquida por diferencias respecto del precio del mercado. Las enmiendas incorporan nuevas medidas para los consumidores como impedir de forma estructural los cortes de suministro a los más vulnerables o establecer precios regulados para las pequeñas y medianas empresas.
Todas estas modificaciones de la reforma del mercado se pueden sumar a los cambios que surjan entre los 705 diputados. Es decir, el debate de la reforma del mercado eléctrico en la Eurocámara acaba de empezar y ya se piden 186 cambios. Se espera que los ‘rivales’ de España contraataquen, pero Nicolás González-Casares tendrá la última palabra.
