Fuente: Cinco Días
España tiene sobre la mesa un plan ambicioso: invertir más de 53.000 millones de euros en redes eléctricas de transporte y distribución hasta 2030 para modernizar su sistema energético y cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Pero esa inversión estratégica corre peligro. El nuevo sistema retributivo propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lejos de incentivar esa transformación, introduce condiciones que desincentivan el capital, elevan el riesgo financiero y amenazan con dejar a España rezagada respecto al resto de Europa.
Mientras la Unión Europea plantea la necesidad de movilizar hasta 584.000 millones en infraestructuras eléctricas de aquí a 2030, y países como Alemania, Italia o Francia preparan marcos regulatorios estables y competitivos, España se arriesga a ser menos atractiva para los inversores justo cuando más inversión necesita.
El nuevo modelo planteado por la CNMC fija una Tasa de Retribución Financiera (TRF) del 6,46%, que si bien es superior a la del periodo regulatorio anterior (5,58%), está muy por debajo de lo que ofrecen otros países europeos. Italia, por ejemplo, aplica un 8,1%; Reino Unido, un 7,6%; Suecia, un 7,3%; y Dinamarca, un 7,2%. Incluso dentro de España, sectores como el aeroportuario (8,03%) o las telecomunicaciones (6,98%) cuentan con mejores condiciones.
En un momento de alta competencia global por atraer capital privado, esta tasa resulta poco atractiva, sobre todo cuando el modelo añade nuevas incertidumbres que elevan el riesgo. Para que los más de 53.00 millones previstos puedan movilizarse, las condiciones financieras deben ser claras, estables y alineadas con el coste real del capital, algo que muchos expertos consideran que no se está cumpliendo con la propuesta actual.
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo marco es la manera en que se retribuyen las inversiones en redes de distribución. Según el modelo propuesto, las compañías solo recibirán ingresos por las infraestructuras una vez que haya nuevos clientes conectados. Esto implica que si una empresa eléctrica invierte hoy en ampliar la red para un polígono industrial en desarrollo, no empezará a cobrar por esa inversión hasta que se materialice la demanda, lo que puede tardar entre cinco y ocho años.
Este enfoque castiga las inversiones anticipadas, que son justamente las necesarias para desbloquear más de 60 gigavatios (GW) de demanda eléctrica actualmente en lista de espera por falta de capacidad en la red. Si no se construyen líneas nuevas de forma proactiva, la electrificación de sectores clave como el transporte, la industria o la vivienda no podrá avanzar. Las empresas eléctricas no pueden asumir el riesgo de invertir millones de euros sin certidumbre de retorno ni de plazo.