Fuente: El Economista
El despliegue de energías renovables en los últimos años, ha permitido a Europa avanzar de forma rápida en la transición energética. Sin embargo, estas tecnologías no van a ser suficiente para mitigar una parte relevante de las emisiones de CO2 de sectores industriales como el cementero, químico, siderúrgico, cerámico, vidrio, sector de la cal, etc., para lograr la neutralidad climática en 2050, bien porque son intrínsecas a procesos productivos o de combustión a altas temperaturas y, por tanto, no se pueden electrificar.
La Comisión Europea ha cuantificado en unos 400 millones de toneladas las emisiones de CO2 difíciles de abatir generadas por la industria de la Unión Europea, de las que alrededor de un 10% (unos 40 millones de toneladas) se localizan en España. Para eliminarlas, Bruselas ha desarrollado todo un marco jurídico y regulatorio pionero -Pacto Verde Europeo, Ley Europea del Clima, Paquete ‘Fit for 55’, la Ley de Industria Net Zero, etc.-, para el despliegue de las tecnologías de Captura, Transporte, Almacenamiento y Uso del Carbono (CCUS, sus siglas en inglés), que permiten capturar el CO2 de estos procesos antes de que llegue a la atmósfera, para almacenarlo de forma segura o darle un valor añadido posterior mediante su uso.
“Se trata de una tecnología madura, que los estadounidenses empezaron a utilizar hace 50 años, y que no solamente nos permitirá alcanzar nuestros objetivos climáticos, sino también impulsar la competitividad de sectores industriales estratégicos y mantener su actividad”, afirma Pedro Mora, presidente de la Plataforma Tecnológica Española de CO2 (PTECO2).
Noruega fue el primer país europeo en obligar a sus empresas a separar el CO2 del metano en la producción de gas natural -en lugar de ventearlo a la atmósfera- y almacenarlo geológicamente. A partir de aquí, otros países como Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Alemania, Grecia, Italia, etc., han establecido objetivos de implantación en sus Planes Nacionales de Energía Clima. Además, muchos de ellos han desarrollado ayudas estatales, acuerdos de cooperación y marcos retributivos que otorgan certidumbre a las empresas para realizar sus inversiones en toda la cadena de valor de estas tecnologías.
Recientemente, la Comisión Europea ha aprobado un programa alemán de 5.000 millones de euros, con el objetivo de ayudar a la industria alemana a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en sus procesos de producción gracias a tecnologías como la electrificación, el hidrógeno, la captura y almacenamiento de carbono (CAC), la captura y el uso de carbono (CCU) y medidas de eficiencia energética. Los beneficiarios del programa serán empresas activas en sectores sujetos al RCDE UE, como la química, yeso y vidrio. Los proyectos deberán lograr una reducción de emisiones del 60% en tres años y del 90% al final del proyecto financiado.
Actualmente, hay más de 120 proyectos en estudio y desarrollo en toda Europa. Solamente en el sector cementero hay nueve. Entre 2026 y 2028, entrarán en funcionamiento varias infraestructuras de transporte y almacenamiento de CO2 en Noruega, Holanda y Dinamarca. En Italia se están haciendo los sondeos para un almacenamiento geológico en el Adriático, Grecia también tiene dos proyectos de almacenamiento, y hay varios proyectos más en otros países como Bulgaria, Rumanía, Reino Unido y Francia.
Alto potencial en España
A diferencia de nuestros vecinos europeos, en España vamos con mucho retraso. El Gobierno aún no ha puesto en marcha ninguna estrategia para el fomento y despliegue de las tecnologías CCUS a nivel nacional, lo que nos coloca en los puestos de cola de los países de la Unión.
Tampoco ha comunicado a Bruselas, tal y como se le ha requerido, la cantidad de emisiones de CO2 que se podrían capturar anualmente en España de aquí a 2030, ni ha proporcionado datos y detalles de cómo se transportaría el CO2 capturado, ni sobre la capacidad de almacenamiento geológico en el país.
Entre las principales carencias legislativas de España, destaca la no ratificación de la Enmienda de 2009 al artículo 6 del Protocolo de Londres, que permitiría almacenar y realizar transporte transfronterizo de CO2, lo cual, sumado a otras carencias regulatorias, limita la viabilidad de proyectos de almacenamiento y la captación de fondos europeos.
“Hemos estado cerca de año y medio explicando al Ministerio de Transición Ecológica que es fundamental su liderazgo para el desarrollo de estas políticas, porque ninguna industria va a invertir en capturar CO2 si no sabe qué hacer con él. Para ello, hay que tener una planificación de ceoductos (similares a los gasoductos) y tener unos almacenamientos geológicos“, señala Mora.
“Finalmente, el Ministerio incluyó estas tecnologías en la segunda revisión del PNIEC, pero no es suficiente. Por eso pedimos al Gobierno que coja la batuta y elabore una Estrategia o una Hoja de Ruta para el despliegue de estas tecnologías, igual que ha hecho con otras tecnologías como el hidrógeno y el biogás, y así dar certidumbre a la industria española. Si no logramos avanzar en esta línea, las empresas harán sus inversiones en otros países y estaremos abocados a una pérdida de tejido productivo industrial“, añade el presidente de la PTECO2.
La industria española está dispuesta y el país cuenta con las capacidades tecnológicas adecuadas y de almacenamiento necesarias para avanzar en este sentido. A finales de abril de 2024, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) comunicó que había identificado un total de 103 formaciones geológicas potencialmente adecuadas para el almacenamiento de CO2. También especificó que las investigaciones se centran en almacenamientos en acuíferos offshore en Asturias, Cantabria y la zona del Delta del Ebro.
De los 120 proyectos mencionados que se encuentran en estudio y desarrollo en Europa, solo uno es español, pero aún no ha sido autorizado por el Ministerio. Hablamos del proyecto TarraCO2-Storage, un almacén de CO2 offshore a 45 kilómetros de la costa de Tarragona, impulsado por Repsol, al que la Comisión Europea ha concedido una subvención de 205 millones de euros con cargo al Fondo de Innovación de la Unión Europea, que busca ayudar al despliegue de tecnologías de descarbonización innovadoras, entre las cuales se encuentran las tecnologías CCUS.
Esta infraestructura, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el 31 de diciembre de 2030, será capaz de almacenar unos dos millones de toneladas de CO2 equivalente al año, hasta una capacidad máxima de 54 millones de toneladas.
El proyecto también impulsará el desarrollo de un ecosistema CCUS en un área donde sectores como la producción de cemento y productos químicos emiten más de 6 millones de toneladas al año de emisiones difíciles de abatir, solo dentro de un radio de 120 kilómetros alrededor del ‘hub’ industrial de Tarragona.