Fuente: El Economista
La cogeneración y los purines, a través de sus asociaciones COGEN España, ADAP y ACOGEN, han solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una revisión sustancial de la metodología propuesta para calcular la tasa de retribución financiera (TRF) aplicable a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos (RECORE) durante el periodo regulatorio 2026-2031.
En el escrito de alegaciones, al que tuvo acceso elEconomista.es, las organizaciones advierten de que la fórmula diseñada por el regulador no se ajusta al entorno financiero actual y podría generar inconsistencias económicas que erosionen la viabilidad del sector.
Las tres asociaciones subrayan que la propuesta llega tras uno de los ciclos de endurecimiento más intensos de la última década, marcado por más de 300 puntos básicos de subidas en los tipos de interés del BCE y un encarecimiento sostenido de la financiación tanto soberana como corporativa. En este contexto –afirman– resulta imprescindible que la metodología capture de forma realista el incremento estructural del coste del capital.
Las entidades critican que el cálculo de la prima de riesgo de mercado infraestima la volatilidad del entorno inversor y proponen sustituirlo por la referencia empleada por BEREC en telecomunicaciones, ya utilizada por la propia CNMC en ese sector. Con este enfoque, la prima ascendería al 5,96 %, frente al 4,98 % contemplado en la consulta pública.
Otro de los puntos centrales es el tratamiento del coste de la deuda. Las asociaciones cuestionan la representatividad del coeficiente de disminución del inmovilizado (“d”), heredado casi íntegramente de la metodología aplicada a redes, pese a que el parque RECORE presenta vidas útiles y perfiles de amortización distintos. También consideran insuficiente el reconocimiento de los costes de transacción asociados a la financiación, fijado en 7 puntos básicos, y proponen elevarlo a un mínimo de 20 puntos básicos para alinearlo con las prácticas de reguladores europeas.
Las asociaciones ponen además el foco en una incoherencia metodológica relevante: el cálculo propuesto sitúa el coste de la deuda regulada (3,24 %) por debajo del rendimiento del activo libre de riesgo español (3,25 %). Según su análisis, esta situación contraviene los principios básicos de valoración financiera, ya que la deuda corporativa –incluso en sectores regulados– debe incorporar un diferencial positivo frente a la soberana. Reclaman por ello una revisión y la publicación íntegra de los datos y fórmulas empleadas para garantizar transparencia y trazabilidad.
En materia de riesgos adicionales, COGEN España, ADAP y ACOGEN consideran injustificada la reducción del diferencial del 0,5 % al 0,3 % propuesta por la CNMC. Argumentan que el sector ha asumido históricamente el riesgo de desviación por precio de mercado en todos los semiperiodos regulatorios y que no existe razón para que este componente disminuya.
Las asociaciones alertan de que la aplicación estricta de la nueva metodología generaría una evolución divergente entre las actividades eléctricas reguladas y el régimen RECORE. Mientras la TRF de redes eléctricas aumentaría del 5,58 % al 6,58 %, la del régimen especial apenas se situaría en el 7,05% frente al 7,09% anterior, estrechando el diferencial histórico entre ambos marcos y evolucionando incluso en direcciones opuestas.
Como alternativa, las organizaciones plantean una TRF mínima del 7,93 % antes de impuestos para el periodo 2026-2031. Este resultado surge de aplicar la metodología BEREC para la prima de riesgo, un coste adicional de la deuda del 0,20 % y un diferencial por riesgos adicionales del 0,5 %, parámetros que, según defienden, reflejan de forma más realista las condiciones financieras y la naturaleza del sector.
El Ministerio para la Transición Ecológica deberá utilizar el informe final de la CNMC como base técnica para elaborar el anteproyecto de ley que fijará la tasa definitiva de retribución razonable para el próximo periodo regulatorio, cuya aprobación será clave para la estabilidad de las inversiones del régimen RECORE.