Fuente: Expansión
A diferencia de otras ocasiones, en las que la milmillonaria polémica nuclear era entre eléctricas y Gobierno, esta vez hay más bandos porque hay más trincheras fiscales y energéticas.
El cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en España ha vuelto a desatar, por enésima vez, una guerra empresarial y política. Aunque la batalla es un clásico en el sector y se produce cada ciertos años, esta vez alcanza más intensidad. A diferencia de otras ocasiones, en las que la guerra era bipolar, entre grandes eléctricas propietarias de centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) y el Gobierno de turno, ahora se ha bifurcado: PP contra el Gobierno del PSOE, de éste contra las eléctricas, de las eléctricas entre sí y contra el Gobierno, o de las administraciones locales y regionales, y la industria nuclear española frente a todos.
¿Por qué resucita de nuevo un asunto que quedó zanjado en 2019? Ese año, y tras intensas negociaciones, las eléctricas pactaron con el primer Gobierno socialista de Pedro Sánchez un cierre escalonado de los siete reactores que quedaban operativos, entre 2027 y 2035. El calendario empezará con las dos centrales de Extremadura (Almaraz I, en 2027, y Almaraz II, en 2028). Seguirá con Ascó I, en Cataluña, y Cofrentes, en Valencia, en 2030; Ascó II y Vandellós II, ambas en Cataluña, se apagarán en 2032 y 2035; y Trillo, en Guadalajara, en 2035.
Empieza la cuenta atrás
Tras unos años de relativa paz, la trifulca nuclear resucita ahora porque, aunque aparentemente aún quede tiempo (2027) para empezar a clausurar centrales, la cuenta atrás empieza ya.
Almaraz I tiene licencia para operar hasta noviembre de 2027. Según la normativa, tres años antes de que se agote la licencia -es decir, ya- la empresa propietaria debe empezar a pedir la renovación, justificándola económica y operativamente. Además, debe contratar con antelación el uranio para su futuro funcionamiento.
A partir de aquí empieza el fuego cruzado a varias bandas. Iberdrola es, con el 52%, la empresa con más participación en Almaraz, seguida de Endesa (36%) y Naturgy (11%). Iberdrola es la más interesada en la continuidad y la que empuja para reabrir el debate. El problema es que esta vez hay más aristas.
Endesa, por ahora, permanece callada. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, por su parte aseguró la pasada semana que se atiene al cierre pactado.
“Garoñización”
Legalmente, Almaraz I está en manos de Cnat (Centrales Nucleares Almaraz-Trillo), una agrupación de interés económico que precisa de consenso entre todos los socios. Es el primer frente a resolver. Más que el cierre, lo que temen las eléctricas es que Almaraz, o cualquier otra central, desemboque en una “Garoñización”. Es decir, que las eléctricas terminen asumiendo el coste temporal entre la desconexión a la red y el desmantelamiento efectivo, como ha ocurrido durante tres años con la central de Garoña. Si es así, Iberdrola debería pagar la mayoría en Almaraz.
Endesa, por el contrario, lograría debilitar a su gran rival, porque el cierre de Ascó (donde tiene mayoría) no toca hasta 2030. Naturgy, la eléctrica con menos nucleares, prefiere que se cierren porque eso daría más vida a las centrales alternativas, de gas (ciclo combinado), su gran bastión. Este complejo juego de intereses a nivel empresarial, -contrapuestos y no siempre explícitos- también tiene su equivalente político y administrativo. Todos echan balones fuera. El Gobierno alega que para que las nucleares sigan funcionando, deben ser las eléctricas las que pidan permiso. Iberdrola reclama que debe ser el Gobierno el que decrete la continuidad y, sobre todo, cree un marco jurídico y -especialmente- fiscal- idóneo. O sea, que baje impuestos. ¿Pero quién debe bajarlos? El PP está promoviendo una ley en el Congreso para que se amplíe la vida de las nucleares. No dice que fue un Gobierno del PP el que en su momento activó el cierre de Garoña.
PP, Junts y ERC
Además, en la actualidad, comunidades gobernadas por PP (Extremadura y Valencia) se benefician de las tasas nucleares regionales que se cobran a estas instalaciones. Tasas que, a juicio de las eléctricas, contribuyen a hacerlas inviables, creando un avispero autonómico. La iniciativa parlamentaria del PP salió adelante con la abstención de Junts y ERC. Cataluña es la comunidad donde las tasas atómicas son más altas.
El laberinto podría complicarse aún más con guerras internas de cada partido o con aritméticas de todo tipo. El desmantelamiento costará 20.200 millones. Si las nucleares se alargan, gastarán más combustible, que habrá que almacenar, con más coste. Una razón que eleva esa factura fue no construir un cementerio nuclear en Villar de Cañas, Cuenca, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha (del PSOE de Emiliano García-Page) lo bloqueó.
Pero si las nucleares no se alargan, algunos expertos vinculados a las eléctricas dicen que se elevará la factura de luz (4.000 millones extra al año, según sus cálculos).
Una batalla a varias bandas
IBERDROLA
Iberdrola es la mayor accionista de las nucleares de Almaraz, en Extremadura, y la más afectada en el inicio del cierre de las centrales atómicas en España.
ENDESA
Endesa presenta resultados el jueves y el sector espera que aclare su postura en nucleares más allá de que diga que “técnicamente” podrían continuar.
NATURGY
Francisco Reynés, presidente de Naturgy, accionista minoritario de Almaraz, dio a entender que el grupo asume que se cumplirá el calendario de cierre pactado hace años.
FORO NUCLEAR
El Foro Nuclear, donde están eléctricas y otros grupos nucleares, presenta hoy un manifiesto “a favor de la operación a largo plazo de las centrales nucleares”.
PARTIDO POPULAR
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó ayer con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que no se cierren las centrales nucleares.