Fuente: Invertia
Además de dejar sin luz durante un día a toda la Península Ibérica, el apagón ha planteado en España un problema técnico y un conflicto político, a resolver de forma paralela a partir de los datos de la ‘caja negra’ de Red Eléctrica (Redeia) sobre lo ocurrido cada segundo en los fatídicos diez minutos que echaron abajo el sistema.
Plantear en estos momentos opciones como las de intervenir el mercado o entrar en la operativa de las grandes compañías, como se está lanzando desde el lado izquierdo del espectro político, no es más que una forma de enmarañar más una cuestión que lo que necesita ahora es claridad, no confusión ideológica.
Por más que Red Eléctrica se considere un operador privado del sistema eléctrico, que lo es sobre el papel, no hay que olvidar que está controlada por el Estado, como máximo accionista con un 20% del capital, y gestiona un servicio público en monopolio.
Si bien su estructura societaria se puede considerar privada (cotiza en bolsa desde enero de 1999), su función adjudicada por ley desde su nacimiento, en 1984, y actualizada por la normativa comunitaria en 2007, es explotar en régimen de monopolio el transporte de la energía eléctrica en la red de alta tensión.
No hay que olvidar que sus presidentes siempre han sido cargos políticos o exministros vinculados al partido que gobierna, como la actual Beatriz Corredor, o Jordi Sevilla y Luis Atienza, del lado del PSOE; o José Folgado y Pedro Mielgo, del lado del PP.
Es más, sus consejeros suelen estar también vinculados al signo político de cada momento, aunque solo sea por que la SEPI, que ostenta la parte del Estado, pone a varios de ellos e influye en el nombramiento de los demás cada vez que hay una renovación del órgano de gobierno de la empresa.
Un negocio rentable
Cuando Red Eléctrica nació era un 60% del Estado y un 40% del oligopolio de las grandes eléctricas. Eran famosas en los noventa las reuniones de los todopoderosos presidentes de las seis o siete grandes en el domicilio de alguno de ellos en el centro de Madrid. Y la capacidad de influencia de su patronal, Unesa.
Pero aquello acabó. Desde que salió a bolsa hace 26 años a 8 euros la acción, es un 20% del Estado y un 80% de miles de inversores que ahora tienen unos títulos que cotizan a más de 18 euros, con lo que su carácter privado y su función pública monopolística han sido un buen negocio para mucha gente (para el Estado también). Amancio Ortega y Blackrock tienen un 5% cada uno. Aunque la gestora de fondos acaba de reducir su participación en Redeia del 5,020% hasta el 4,992%, haciéndole perder el puesto como segundo mayor accionista de la compañía que ahora recae sobre Amancio Ortega.
Ahora se encarga de los 40.000 kilómetros de redes de alta tensión (grandes autopistas de torres y cables) que unen la generación de energía (solar, eólica, nuclear, hidráulica, residuos, ciclo combinado, etc.) con 5.000 transformadores. De esos puntos coge la energía la otra red, la de la distribución mayorista, en manos de las grandes eléctricas.
Y, en un tercer nivel, de los nodos de esta red privada mayorista se nutren las comercializadoras para llegar a los hogares, las industrias y allá donde la demanda pida un suministro. Aunque en este tercer estadio hay más competencia, las grandes comercializadoras también están en manos de los gigantes eléctricos del sector, con Iberdrola, Endesa y Naturgy (que integró la antigua Unión Fenosa) a la cabeza.
El problema técnico
Es evidente que Red Eléctrica puede sentarse en el lado de la mesa de los operadores privados, pero sigue estando controlada siempre por el Estado, que además le otorga el poder de decidir cuánta energía se puede meter al sistema y cuándo se puede instalar una red de transporte o mayorista en este país.
En ese proceso le acompaña en la asesoría técnica la CNMC y la última palabra la tiene siempre el Ministerio de Transición Ecológica, por ser grandes inversiones de impacto en el gasto público con un coste reflejado en la factura de la luz que pagamos todos los españoles, los famosos peajes. De hecho, la inversión en redes está limitada por ley a un pequeño coeficiente del PIB.
Sea quien sea el chivo expiatorio de esta crisis, hay un problema técnico que subyace: el aumento de la demanda de energía eléctrica necesita más puntos de entrada al sistema y más y mejores redes para atender a un país en plena reindustrialización.
Y toda esa demanda no se puede atender todavía en España solo con energías renovables o con una mayoría en el mix energético que no ofrezca estabilidad al suministro, que es la base del problema técnico que ahora se ha visto, sobre el que se venía advirtiendo hace tiempo desde todos los estamentos energéticos. Incluso desde la propia Red Eléctrica.
“Si falta inercia en la red, no puedes tener 17 gigas de fotovoltaica en el suministro”, asegura uno de los grandes expertos en el sector. “Es un error técnico y humano permitir tanta renovable sin tener cómo compensar la falta de inercia”, remata.
La caja negra de Red Eléctrica y su contraste con los datos de las compañías nos dirá si ha habido un corte de suministro equivocado, o un error grave por haber tenido el sistema con un predominio exagerado de renovables, a sabiendas del riesgo que eso supone para la flexibilidad del sistema.
El embrollo político
Pero una parte de la culpa, de antemano, la tiene ya la obsesión política por ser los primeros de la clase en Europa y llegar a un 80% de generación con energías renovables en 2030, el gran objetivo del PNIEC, a cualquier precio. Eso hace que a veces se olvide que hay todo un sistema energético y eléctrico detrás con unas reglas del juego técnicas y financieras a tener en cuenta.
Tampoco servirá para solucionar nada el ataque ideológico absurdo a las nucleares, cuando una prolongación de su vida útil bien gestionada puede servir para una transición a las deseadas energías renovables baratas para todos sin sobresaltos como el de esta semana.
Máxime mientras no sepamos cómo mantener constante la tensión y la inercia de esas renovables (el sol y el viento vienen y van) y no se haya solventado el problema técnico y financiero del almacenamiento, para poder controlar costes y estabilizar suministros.
No es de recibo que haya proyectos industriales o centros de datos bien planteados (no especulativos) paralizados en este país por falta de conexión a la red, cuando hay dinero para ello.
Las CCAA hacen la guerra por separado negociando con el Gobierno, porque tampoco hay una ley de prelación que diga qué inversión va antes o después (como en el caso del agua, por ejemplo), con lo que todo está en manos de las subastas de capacidad, el tráfico de influencias y, muchas veces, la especulación.
En este juego de tronos, Red Eléctrica juega con la doble baraja que le otorga ser operador privado y gestor de un monopolio público. Eso le convierte en la pieza clave para salir de esta crisis aprendiendo algo, resolviendo los errores y sin enmarañarlo todo con la ideología.