Fuente: El Mundo
El Gobierno español está aplicando una política fiscal sobre la electricidad que se encuentra en las antípodas de lo que recomienda la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen en su última carta a los líderes europeos a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, está aplicando una carga fiscal sobre la luz que es 19 veces más alta que sobre el gas, según el último informe de la asociación de empresas eólicas europea, WindEurope.
En contraste, Von der Leyen ve ya un error que la media europea sea de castigar cinco veces más la electricidad que el gas en los hogares. España cuadriplica, por tanto, el listón que la alemana considera ya insoportable.
«La electricidad está sobrecargada de impuestos y cargos en comparación con el gas: los cargos regulados sobre la electricidad superan con creces a los del gas en la mayoría de los países, desalentando el cambio hacia la energía limpia», afirma el informe de WindEurope, al que pertenecen, entre otras, Acciona, Enel (Endesa) o Iberdrola. «La electricidad está sobrecargada de impuestos y cargos en comparación con el gas. Los cargos regulados por electricidad superan a los del gas en la mayoría de los países. En España, la carga por electricidad para los hogares son 19 veces más altos que los cargos por gas.».
La singularidad española es relevante ante la carta que remitió el pasado día 20 a todos los jefes de Estado o de Gobierno de la UE, incluido Pedro Sánchez, instando a rebajar impuestos sobre la electricidad. El peligro creciente de que la Unión Europea pierda definitivamente la carrera industrial con otros bloques económicos del mundo exige nuevas medidas, incluida conseguir abaratar la energía.
Von der Leyen sostiene que «las facturas energéticas siguen siendo demasiado altas: los impuestos, tasas y recargos aumentaron el año pasado tanto para la industria como para los hogares. La electricidad se ve desproporcionadamente afectada, con impuestos para la industria 15 veces mayores que los del gas, y para los hogares, 5 veces mayores». En su opinión, «esto va en contra de nuestra necesidad de electrificar masivamente. Y como todos sabemos: la electrificación debe estar en el centro de nuestra competitividad, seguridad energética y objetivos climáticos».
España no sale malparada en la carta en cuanto a precios finales, aunque saldría mejor si no fuera por los impuestos que incluye. Von der Leyen no hace, en todo caso, excepciones en su invitación a los gobiernos a bajar impuestos a la luz. «Dentro de nuestra Unión, la realidad difiere significativamente de un país a otro. Los precios son más bajos en Suecia, Finlandia, Francia y España, pero considerablemente más altos en Italia, Irlanda y el sureste de Europa». La presidenta de la Comisión cree que hay que actuar en varios frentes y que ella misma hará propuestas en breve, pero «mientras aceleramos nuestro trabajo, se puede hacer mucho a nivel de los Estados miembros. Les invito a hacer pleno uso del marco reforzado de ayudas estatales, para reducir los impuestos y recargos en las facturas de electricidad».
El Gobierno español no sólo nos ha reducido en 2025, sino que ha reintroducido el polémico Impuesto a la generación eléctrica del 7% que encarece el recibo. Sánchez intenta así aumentar recaudación para cumplir con otra exigencia de Bruselas, la de reducir el déficit, ya que se niega a operar por el lado de los gastos.
Von der Leyen también insta a «agilizar los procedimientos de autorización [de nuevas plantas de generación eléctrica] y colaborar con los bancos de promoción y el BEI para reducir el riesgo de los Acuerdos de Compra de Energía a largo plazo, que pueden ser altamente relevantes para las industrias electrointensivas».
En su opinión, el contexto internacional lo exige, porque «los precios de la energía en Europa son significativamente más altos que en EE. UU. y China. Aunque hoy en día nuestros precios del gas son más de 10 veces más bajos que en el punto máximo de la crisis energética, aún siguen siendo aproximadamente el doble de lo que eran antes de la crisis. La UE paga anualmente alrededor de 400.000 millones de euros por la importación de petróleo y gas».
La alemana muestra preocupación por el peligro de que la UE pierda definitivamente la batalla industrial con EEUU y China y plantea flexibilidad en hojas de ruta hasta ahora estrictas de Bruselas. «Sobre la introducción del precio del carbono para los combustibles usados en calefacción y transporte por carretera (ETS2) (…) debería introducirse de manera gradual y suave. Por lo tanto, en el Consejo de Medio Ambiente del 21 de octubre, el Comisario Hoekstra anunciará próximas propuestas para abordar las preocupaciones sobre precios demasiado altos o volátiles, dando seguimiento a la carta recibida de 19 Estados miembros». Se trata de un grupo de, sobre todo, países del Centro y Este de Europa que reclaman más gradualismo en políticas contra el cambio climático. La palabra competitividad va dominando el debate europeo.