Fuente: El Economista
El Gobierno se plantea dejar morir el impuestazo a las energéticas. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostró dispuesta a su desaparición tras la petición de Bruselas de que se vayan abandonando las medidas intervencionistas adoptadas durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.
En un primer momento, el Ejecutivo planteó utilizar los Presupuestos Generales de Estado para incluir una batería de desgravaciones a este gravamen ligadas a la inversión, pero la decisión de retirar el proyecto de cuentas públicas ha dejado prácticamente en vía muerta la prórroga, pese a que el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar lo incluye.
La decisión de aparcar este gravamen extraordinario se produce en medio del proceso de negociación de la opa de Taqa y Criteria sobre Naturgy. Ambas compañías avanzan en la creación de la sociedad conjunta que tendrá que lanzar la oferta definitiva y en la financiación de la operación, al tiempo que negocian con el Gobierno y la Comisión Europea algunas peticiones adicionales entre las que figuraría aclarar la retirada de esta medida.
Emiratos Árabes, a través de su fondo Mubadala, ha visto de cerca el impacto de la medida en una de sus principales participadas en España: Cepsa. La petrolera cerró el ejercicio pasado en números rojos y arrancó en la misma línea en el primer trimestre de este año. Por ese motivo, tanto Taqa, como Criteria -principal accionista de Caixabank-, han traslado al Gobierno su petición para que se comprometiera a la extinción del gravamen. En este momento, las compañías deben hacer frente al pago correspondiente a este ejercicio.
Las quejas del impuesto además son unánimes. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cargó el pasado 24 de febrero durante la conferencia de analistas contra este impuesto extraordinario sobre las ganancias de las energéticas, ya que considera que mantenerlo “no tiene ningún sentido” y criticó también el gran volumen de impuestos que existen en España, donde hay casi 40 tributos diferentes.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas apuntó en noviembre del año pasado que el Gobierno sabe que serán necesarias inversiones muy importantes para la descarbonización y, por ese motivo, afirmó que el impuesto a los ingresos a las energéticas y la banca no se mantendrá. “Estamos alineados con la política energética del Gobierno, pero necesitamos tener caja”, alertó. Además, sostuvo que “en nuestra opinión no tiene sentido pagar este impuesto porque no tenemos beneficios extraordinarios y porque en el resto de países europeos no existe”. “No es un escenario razonable para nosotros en el futuro”, apostilló.
Repsol fue incluso más allá y amenazó con retirar inversiones de España si permanecía este tributo. “La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de la petrolera en España”, avisaba su consejero delegado, Josu Jon Imaz.
Cepsa lo calificó de mal diseñado y, en definitiva, considera que la aprobación de Bruselas para su puesta en marcha ya ha expirado al haber desaparecido los motivos: la crisis energética.
Aelec -que agrupa a Iberdrola, Endesa o EDP- recurrió ante la Audiencia Nacional el impuesto que grava el 1,2% de la cifra de negocio, que este año además se espera que caiga notablemente por los bajos precios de la energía que se están registrando.
Según la asociación se trata de un impuesto discriminatorio. “Porque solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas”. Asimismo, advierte sobre su “incoherencia fiscal”. “Grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 euros/MWh y grava incluso los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las compañías eléctricas .
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, indicó que “Cuando vemos impuestos a la carta, que generan una inestabilidad total y son impuestos porque sí, las empresas tienen el derecho de buscar los espacios adecuados”.
En el sector financiero, el otro afectado por un tributo, la mayor enmienda llegó desde CaixaBank, el mayor banco del país y con el Estado en su accionariado a través del 16% controlado por el Frob. “Gravar a la banca más es pegarse un tiro en el pie porque es el aparato circulatorio de la economía”, avisó ayer su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, e identificó dos grandes riesgos: que dañe al crédito y ahuyente al inversor.
