Fuente: El Economista
El Gobierno quiere tomarse su tiempo para tomar una decisión sobre el futuro de la vida de la central nuclear de Almaraz que no ponga en más riesgos el desarrollo de esta legislatura. El Ejecutivo podrá retrasar hasta marzo una decisión definitiva sobre la vida de la planta, un tiempo clave que les permitirá mantener el apoyo de Sumar en un asunto considerado clave para sus socios de gobierno.
Según fuentes consultadas por elEconomista.es, la intención del Ejecutivo cuando reciba este próximo jueves la petición oficial de prórroga por parte de las eléctricas, será instruir al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que trabaje tanto en el estudio de la prórroga de la planta extremeña como en la documentación formal para el cierre de la instalación.
El Ejecutivo no quiere quedarse atrapado por las eléctricas ante una decisión de este calado a la que ha vinculado su apoyo político desde hace años por lo que mantendrá las dos vías abiertas el máximo tiempo posible para dejar sin armas de presión económica a las eléctricas.
Condicionar la prórroga
Según indicaron las fuentes consultadas por este diario, el Consejo de Seguridad Nuclear podría llegar a condicionar la prórroga de Almaraz a una serie de inversiones y que, finalmente, las eléctricas abandonaran su intención de seguir operando la instalación si no recuperan su inversión al no haber modificaciones en la parte impositiva, una de las líneas rojas marcadas por Pedro Sánchez.
En ese caso, al haberse tramitado el desmantelamiento, el calendario de cierre podría seguir su curso, tal y como se pactó en 2019 siempre que el informe de Red Eléctrica y de la CNMC aceptaran la clausura de esta instalación.
Iberdrola, Endesa y Naturgy celebrarán el próximo jueves la reunión de la comunidad de propietarios de la planta para presentarle al Ministerio de Transición Ecológica la solicitud de prórroga oficial y al día siguiente o incluso a la vez tendrán que registrar en el CSN la documentación del cierre. Las empresas eléctricas confiaban en que el ministerio diese instrucciones al Consejo de Seguridad Nuclear para analizar únicamente la apertura de la planta, pero ahora parece que el planteamiento será el análisis de ambas vías.
El Ministerio de Transición Ecológica tiene en principio hasta el próximo marzo para tomar una decisión definitiva sobre la planta extremeña. Este plazo además resulta también especialmente conveniente para las compañías. La decisión de la presidenta extremeña, María Guardiola, de convocar elecciones el próximo 21 de diciembre supone dejar en el aire la rebaja impositiva prometida.
Entretanto, y para dejar claras sus posiciones, Sumar insistió ayer en que la central nuclear de Almaraz “debe cerrar” en 2027 aunque Iberdrola, Endesa y Naturgy hayan mostrado su “disposición” a prorrogar su vida útil. En una rueda de prensa este pasado martes en la Cámara Baja, Verónica Martínez Barbero ha aseverado que al margen de esa propuesta de las energéticas, el calendario de cierre nuclear en España hasta 2035 prevé la clausura de Almaraz dentro de dos años y este “debe cumplirse” porque forma parte del acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Sumar.