Fuente: Cinco Días
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanza en su decisión de prohibir todas las llamadas comerciales de compañías eléctricas que no sean solicitadas expresamente por los clientes en el marco de la Propuesta de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030 publicada este jueves en audiencia pública. Fuentes de Transición ecológica confirmaron esta medida, que formará parte de dicha estrategia que pretende aprobar antes de fin de año y cuya audiencia pública termina el 30 de septiembre.
La Ley General de Telecomunicaciones de junio de 2022 ya establece el derecho del usuario final de “no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial”. Con excepción “de los casos en que el consumidor otorgue su consentimiento para ello, este no debería recibir comunicaciones telefónicas comerciales de ningún tipo”, señala el artículo 66 de la norma, que está en vigor desde junio de 2023.
Además, el departamento dirigido por Sara Aagesen reevaluará los colectivos perceptores del bono social eléctrico, analizando la posibilidad de aplicar límites de renta a las familias numerosas, una revisión que ya anunció Teresa Ribera antes de convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea.
Otra de las novedades de la estrategia es que pretende regular sobre los recálculos de las facturas, imponiendo que cuando las compañías cobren de menos tengan que exigir el pago de forma paulatina y que dichas cantidades pagadas de menos prescriban al año. Por el contrario, si se detecta que cobraron de más, la devolución al cliente debe ser inmediata y con intereses. Por otro lado, pondrá el foco en la pobreza energética generada en verano por las olas de calor.
También pretende facilitar el acceso al bono social reduciendo la brecha entre quienes lo perciben y quienes tienen derecho a hacerlo. Actualmente son unos 1,7 millones de hogares, 400.000 más que en 2018. Asimismo, va a prohibir prácticas como las penalizaciones por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social.
La propuesta surge tras un intenso proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y el empresarial, que ha incluido un novedoso proceso de escucha a hogares vulnerables, y después de un período marcado por acontecimientos extraordinarios, como la pandemia de la covid-19 o la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.
Por otro lado, contempla la creación de un Observatorio de la pobreza energética, con visibilidad en la web del Ministerio, que permita centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas. En la propuesta, se incluyen las actuaciones de rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables y el fomento de la inclusión de los consumidores vulnerables en las comunidades energéticas (en ambos casos con apoyo económico público), así como la protección de la ciudadanía frente a las olas de calor, mediante refugios climáticos y el impulso de la refrigeración, de acuerdo con la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática.
Finalmente, el ámbito de la comunicación y la sensibilización contempla tres medidas: mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, crear puntos de asesoramiento energético específico para consumidores en situación de pobreza energética, y fomentar la detección de situaciones de pobreza energética en el sistema de salud de atención primaria.