Fuente: El Mundo
Movilización e inusual carta a las dos ministras ibéricas de 80 eléctricas ante el disparado coste del escudo antiapagón’ organizado por Red Eléctrica desde el pasado mayo para evitar otro “cero peninsular”.
Desde Iberdrola y Endesa a EDP o Acciona han redactado una carta, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen y la ministra de Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, en la que urgen a regular lo que está haciendo, sobre todo, la empresa que preside Beatriz Corredor, de poner operar todas las centrales de gas de ciclo combinado posibles como red de seguridad por si se vuelve a generar otro apagón en días de gran dominio de las intermitentes energías renovables.
La denominada por Red Eléctrica y la propia Aagesen “operación reforzada” tuvo ya un coste superior a los 1.100 millones de euros que pesa en los recibos y va a más a tras la guerra de Irán al estar ligado a los precios del gas.
El resultado es que, según la misiva, «al tratarse de costes determinados ex post, como resultado de decisiones operativas del Operador del Sistema, estos escapan por su propia naturaleza a cualquier mecanismo eficaz de previsión, cobertura o gestión de riesgo por parte de los comercializadores».
Las comercializadoras eléctricas dicen que no pueden prever ese sobrecoste y se ven obligadas a cubrirse repercutiéndolo a los consumidores de un modo imprevisible. «Es técnicamente imposible para un comercializador anticipar o internalizar este coste en la elaboración de ofertas comerciales de medio y largo plazo”. En consecuencia, advierten de que “esta exposición imprevisible induce primas de riesgo cada vez más elevadas en las ofertas comerciales, con un impacto directo en los precios ofrecidos a los consumidores y, en algunos casos, provocando la retirada de oferta en segmentos de mercado especialmente sensibles al riesgo».
Como solución, recomiendan a las dos ministras que impulsen una regulación coordinada que asegure un coste previsible en el recibo. «Un sistema, en concreto a través de la fijación de un coste regulado (vía cargos del sistema, o a través de un mecanismo tarifario de naturaleza equivalente), tal y como se hace en la gran mayoría de los países europeos». Equivaldría eso a cargar a los consumidores un coste fijo singularizado de las consecuencias del apagón. Según los firmantes de esta acción regulatoria de lobby, ambos gobiernos no deben temer esa medida impopular, porque, al llevar certidumbre a este sobrecoste, «permitiría que los costes inherentes a la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico se recuperaran de forma más transparente, equilibrada y previsible, reforzando al mismo tiempo la estabilidad del mercado minorista y la protección de los consumidores frente a volatilidades difíciles de anticipar».Ofrecen colaboración tanto a ambos Ministerios como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).