Fuente: Cinco Días
El pasado 23 de abril la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, publicó el informe provisional de los costes e ingresos del sistema eléctrico correspondientes a 2022. Su análisis refleja, con meridiana claridad, las consecuencias de la política regulatoria aplicada por el Gobierno para paliar los efectos derivados de la manipulación que el mercado del gas ha sufrido desde junio de 2021, como antesala de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
En este informe se detallan los efectos de ocho reales decretos ley aprobados, desde el 17/2021 de septiembre de 2021 al 20/2022 de 27 de diciembre de 2022, y que han provocado que el balance entre los costes e ingresos de carácter regulado necesarios para el funcionamiento del sistema eléctrico haya arrojado un superávit de 6.187 millones de euros, 4.860 millones correspondientes a las partidas de 2022, y 1.327 millones, a partidas de ejercicios anteriores. Es decir, todos los consumidores eléctricos hemos pagado más de lo que nos correspondía, según la regulación. Este dinero no se lo han quedado los agentes del sector energético, sino que está en caja, y queda pendiente el saber cuándo y cómo será devuelto a los consumidores o a los contribuyentes, ya que también se han producido ingresos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Durante la presente legislatura se han aprobado muchos reales decretos ley motivados por la necesidad urgente de nuevas normas que regularan el comportamiento y el funcionamiento del sector energético. Pero, en la mayoría de los casos, estas normas no se han traducido en medidas con aplicación finalista que hayan aliviado la carga que supone el pago de las facturas.
Es evidente que, a pesar de la negación sistemática que se hizo al principio de la crisis, el Gobierno ha tenido capacidad para actuar y aplacar la carga económica originada por la cobertura de nuestras necesidades energéticas básicas, como se ha comprobado con la reducción de impuestos indirectos: suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), reducción del IVA al 10%, del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% o con la ampliación del bono social eléctrico a consumidores vulnerables. No podemos olvidar que la aplicación de las medidas específicas al sector eléctrico no se ha percibido de forma efectiva desde la sociedad porque se quedaron en meras anotaciones contables, como demuestra la existencia del superávit.
Especial mención hay que hacer a las aportaciones directas desde los Presupuestos que han originado el 39% del superávit, 2.412 millones de euros, o a los efectos de la sobre recaudación de las plantas renovables y de cogeneración adscritas al procedimiento Recore (retribución cogeneración y renovables) provocada por los altos precios del mercado mayorista desde otoño de 2021, y que han supuesto un superávit de 2.136 millones de euros (1.935 millones de 2022 y 201 millones de 2021).
Asimismo, en el informe se constatan los efectos que han tenido la paralización de algunas iniciativas legislativas en curso, como, por ejemplo, la no aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico (Fnsse) después de dos años de tramitación y que tenía unos ingresos presupuestados para el sistema en 2022 de 213,6 millones de euros, o la aplicación de los ingresos recaudados por el CO2, que han supuesto 2.027 millones de euros, 927 millones más de lo previsto. Estas dos partidas son la base de la transición desde los combustibles fósiles a las energías renovables y han quedado olvidadas en el pasillo de los pasos perdidos del Congreso de los Diputados, más abierto a la presión de los lobbies de la energía que a los compromisos políticos adquiridos.
Si analizamos quién soporta el pago de los costes regulados, podemos observar que estos recaen, por kwh consumido, principalmente en las tarifas domésticas, de manera que, aunque el consumo residencial suponga solo un 31% del total, los hogares asumen un 60% de los cargos, lo que supone subvencionar de forma real principalmente a pymes e industrias, que con un consumo del 16% y del 53%, respectivamente, asumen solo el 14% y el 26% de los costes del sistema. El coste asumido en 2022 por un pequeño consumidor por kwh fue de 0,08 euros (tarifa 2.x), cuatro veces más que el de un consumidor industrial (tarifa 6.x).
Si este superávit se hubiera trasladado a las diferentes tarifas en 2022, a un consumidor doméstico le habría supuesto una reducción de 0,05 euros/kwh, equivalente al 60% de los costes regulados que tuvo que pagar. Comparándolo con los precios de la electricidad de 2019, como año precrisis, la factura de electricidad habría sido un 36% más baja.
Lo más importante ahora es decidir dónde y cuándo se va a aplicar el superávit. En justicia, ya que ha salido del bolsillo de los consumidores, su destino debería ser reducir la factura eléctrica, cubriendo parte de los costes regulados del sistema de aquellos segmentos que ya los han pagado por anticipado, manteniendo los mismos porcentajes que los que han utilizado para soportar los costes.
La Comisión Europea ha exigido la necesidad de modificar la tarifa regulada para el pequeño consumidor, PVPC, exigiendo la incorporación de más transparencia en la asignación de costes y mayor predictibilidad de los precios de generación de la electricidad. El Gobierno ha mostrado interés, pero, por ahora, solo se ha centrado en amortiguar los efectos de un mercado mayorista volátil, dejando todavía al margen una reestructuración profunda de la configuración de la tarifa en la que se prime la transparencia y una señal precio basada en el criterio de pago por uso.
Después de los tiempos convulsos que hemos vivido, los consumidores nos merecemos que un bien esencial como la electricidad, sobre el que debe girar nuestro modelo energético futuro, tenga un precio que se corresponda con los costes que lo originan, sin perder de vista criterios de equidad y distributivos como garantía de acceso universal para toda la ciudadanía.