Fuente: Cinco Días
El Gobierno refrendó la semana pasada su nuevo objetivo de autoconsumo para 2030: 19 gigavatios (GW) instalados en los tejados de empresas y particulares, el triple de lo que existe hoy. Una ambición que contrasta con el frenazo de los últimos meses, a medida que las ayudas públicas y la percepción de altos precios de la electricidad iban desvaneciéndose. Para lograr cumplir esa meta, la Alianza por el Autoconsumo ha urgido este martes al Gobierno a poner en marcha “reformas ambiciosas” que “desbloqueen el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas”, donde el frenazo es particularmente significativo.
“Celebramos que el autoconsumo forme parte central de la estrategia de energía y clima de nuestro país. No obstante, la fijación de este objetivo llega en un momento de gran dificultad para el sector”, se lee en un texto difundido este martes por la mañana. Los datos son nítidos: 2023 cerró con una caída interanual del 31% en instalaciones totales, una cifra que ascendió hasta el 54% en el caso del sector residencial, el más sensible tanto a la percepción de precios como a las subvenciones.
Hasta la mitad de 2024, recuerda la alianza —que agrupa a 60 entidades representativas del sector—, las asociaciones sectoriales apuntan a una nueva caída del 26%. Y es que apenas el 1% de las nuevas instalaciones de tipo colectivo, pese a que siete de cada diez familias viven en pisos, y los retrasos son especialmente significativos en ese segmento.
“El autoconsumo colectivo abre las puertas a nuevos modelos que permiten que más personas, y no solo aquellas que tienen un tejado, puedan acceder a los beneficios del autoconsumo”, se lee en el texto. “Y es, también, la puerta de entrada al derecho a compartir energía introducido por la reforma del mercado eléctrico europeo. Sin embargo, la compleja tramitación y los bloqueos de las distribuidoras continúan lastrando los proyectos de energía compartida”. El ente ha documentado demoras de hasta dos años en esta modalidad, muy superiores al máximo de dos meses que establece la ley.
Las propuestas concretas de la Alianza por el Autoconsumo pasan por facilitar los trámites de activación de nuevas instalaciones —”una las principales barreras para las comercializadoras”—, modificar el esquema de retribución de las distribuidoras para que prevalezca la calidad del servicio sobre el despliegue de nuevas redes o elevar de 100 a 450 kilovatios (KW) el límite de potencia instalada para acogerse al mecanismo de compensación simplificada.
El sector también exige que se extienda la exención de permisos de acceso y conexión a “todas las instalaciones que inyecten menos de 15KW a la red, y no solo aquellas con menos de 15 KW de potencia instalada” y a que aumente la distancia máxima entre generador y consumidor asociado a cinco kilómetros, “puesto que no existe una limitación física a la hora de compartir excedentes”.