El sector de la biomasa en España está pasando (de nuevo) por un momento muy delicado. Tras varios meses operando a pérdidas por un retraso en la aprobación de la metodología del cálculo de su retribución, la sorpresa ha sido mayúscula al comprobar que los valores aprobados en la Orden TED/526/2024, que actualiza los parámetros retributivos de estas centrales, distan mucho de los precios y costes reales que requiere esta tecnología para operar desahogadamente.
Concretamente, la Orden solo reconoce, por un lado, un incremento de los costes de operación y mantenimiento del 3% (que son los reconocidos en los últimos tres años, es decir, el 1% anual) cuando estos se han encarecido un 40% y, por otro lado, un coste de adquisición de 58,67 euros por tonelada de biomasa cuando el precio real supera los 70 euros, lo que supone una diferencia, a la baja, del 20%, tal y como señalan desde Appa Renovables.
Esta situación, explica José María González Moya, director general de la asociación, “no solo agravará las pérdidas de muchas de estas plantas, pudiendo llevar a la quiebra a cientos de pequeñas y medianas empresas y poniendo en peligro a buena parte de los más de 30.000 empleos del sector de la biomasa. También afectaría al desarrollo de ciertas actividades, como la gestión de residuos agrícolas y ganaderos, además de los forestales, estos últimos especialmente importantes por el riesgo de incendios, especialmente ahora que estamos en verano”.
Al objeto de revertir esta situación, el sector ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica que actualice con urgencia la Orden publicada, reconociendo los costes reales de esta tecnología; algo que, de momento, no les consta que se vaya a producir.
“Llevamos reclamando, desde el ejercicio 20, que los costes que el Gobierno nos está retribuyendo no reflejan la realidad del sector y no dan la rentabilidad razonable que estipula la ley”, explica a elEconomista.es Óscar Sacristán, CEO de Zero Waste Energy, propietaria de dos plantas de biomasa en Andalucía, de 17 MW de potencia total. Cada planta consume unas 80.000 toneladas al año de biomasa y da empleo a unas 200 personas.
“Se han interpuesto demandas ante el Tribunal Supremo y hay informes de la CNMC que dan la razón al sector. De hecho, Tragsa, que es un organismo público, recoge los costes de biomasa por niveles superiores a 80 euros, cuando el Gobierno nos está retribuyendo 60 euros. Desde el sector hemos solicitado al Gobierno que nos reconozca por niveles de 72 euros la tonelada, que es la cifra que recoge el informe de Generandi, una entidad independiente que usó en su momento el Gobierno”, señala Sacristán. La situación es tan crítica, “que estamos pensando en hacer Ertes y, si esto no se arregla en el corto plazo, tendremos que ir a concurso de acreedores“, afirma el CEO.
El problema de la financiación
En términos muy similares se ha pronunciado Elías Hernández, director general del Grupo Enso, que lleva más de 20 años dedicado al desarrollo y explotación de centrales de energía eléctrica y térmica, con particular dedicación a la biomasa, y que opera su propia central en Garray (Soria), de 17 MW.
Durante el primer semestre de este año, explica Hernández, “la mayor parte de las plantas pararon porque no cubrían costes con los precios de mercado y con la estructura de la regulación que había con la anterior Orden. Se perdía mucho dinero generando porque ya no se cubrían ni los costes fijos”.
Sin embargo, cuando tuvieron el primer borrador, y siempre pensando que les iban a reconocer una parte sustancial habida cuenta de los informes que se presentaron y de la información que el Ministerio tiene de empresas públicas como Tragsa, “pensábamos que íbamos a tener un reconocimiento mejor que el que finalmente hemos tenido. Por eso, muchas plantas levantaron la producción”, añade Hernández. Sin embargo, “la sorpresa ha sido gigantesca cuando hemos visto que solo nos han reconocido parcialmente los incrementos del precio de la biomasa y de los incrementos de operación y mantenimiento no han reconocido nada y siguen manteniendo el 1%”, señala.
Una de las consecuencias que implica todo esto, continúa el director general del Grupo Enso, “es que no tienes la capacidad de pagar el precio de la biomasa que el mercado está demandando, lo que impacta directamente en tu cuenta de resultados. Esto, a su vez, implica que, cuando estás tratando de refinanciar una deuda con los bancos debido a que no se puede hacer frente a la deuda actual por la baja retribución o buscando financiación para nuevos proyectos, las entidades financieras prefieren asignar los recursos a otro tipo de proyectos, como por ejemplo las cogeneraciones con gas natural, que también están incluidas en esta Orden y a las que el Ministerio les ha dado un tratamiento mejor al reconocerles sus costes reales, cosa que no ha hecho con la biomasa a pesar de ser un combustible renovable”Este hecho, “te pone en una situación muy complicada de cara a los mercados financieros, así como en lo relativo al mantenimiento y operación de las plantas, y con un impacto potencial que implique que alguna planta tenga que llegar a parar, lo cual sería un drama”, afirma.
Además de los propietarios de las plantas de biomasa, otro de los sectores afectados son los productores y proveedores de este combustible. Es el caso de Ingecor Agroforestal. Su director, Miguel Ángel Relaño, explica a elEconomista.es que “este ha sido siempre un negocio plano, no ha habido grandes márgenes, pero era estable y podías proyectar. Ahora las plantas están constantemente detenidas y esto nos afecta cuando las paradas son largas. De hecho, desde septiembre del año pasado hasta febrero de este año, no se ha trabajado prácticamente“.
La empresa, dedicada a producir biomasa y llevarla a las plantas, emplea, entre directos e indirectos, a unas cien personas y funcionan para cuatro centrales. Una cifra que dista mucho de los 270 trabajadores que tenían en 2014. Ese año superaron las 300.000 toneladas, mientras que este año calculan que no harán más de 70.000-80.000 toneladas.
“Las plantas necesitan tener la seguridad de la biomasa y nosotros necesitamos la seguridad de la venta”, afirma Relaño. Como ingeniería y empresa de producción de biomasa, hacen contratos con los propietarios de las fincas agrícolas y de las plantaciones forestales. “Todo tiene que estar planificado a largo plazo. La biomasa hay que producirla y, para poder hacerlo, tienes que tener una plantilla dedicada a conseguir los permisos de trabajo en el monte, la previsión de dónde vas a conseguir esa biomasa en el próximo año, etc”, añade Relaño.
Por eso, cuando llega una parada generalizada, “tienes que detener en seco la maquinaria de producción de biomasa y eso es difícil: lo primero por la incertidumbre, porque tú paras pero no sabes cuándo arrancas, y no puedes tener a 50 trabajadores de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Y tampoco puedes estar produciendo biomasa sin horizonte de cuándo vas a empezar a sacarla y a venderla, porque la biomasa tiene mermas y se deteriora”, explica con detalle Relaño.
“Nuestros costes han subido muchísimo. Estamos hablando de inversiones grandes (sueldos, maquinaria, combustible, etc), que se han duplicado desde el Covid. Este grado de incertidumbre está provocando una desbandada en el sector. Perder ahora mismo un palista, un maquinista o un camionero, es un problema. Estamos contratando personal con más de 60 años porque no hay gente joven”.