Fuente: El Economista
Francia planta cara a la Comisión Europea por su impulso a las interconexiones eléctricas con España al considerar que el enfoque comunitario puede trasladar costes significativos al consumidor francés y alterar el equilibrio de competencias nacionales en materia energética. El choque se ha intensificado a raíz del “paquete redes” presentado por la Comisión Europea el 10 de diciembre, que tal y como adelantó elEconomista.es, busca acelerar los permisos, reforzar la cooperación transfronteriza y orientar la inversión en infraestructuras con una mayor coordinación europea y especialmente entre España y Francia.
Thomas Veyrenc, director general de RTE, describió el debate como “Falsamente técnico, realmente político”. En la misma línea, Cyril Piquemal, representante de Francia ante el Consejo Europeo, explicitó el desacuerdo con el enfoque comunitario: “Francia está en profundo desacuerdo con el enfoque elegido“, tal y como recoge el diario La Tribune.
El detonante de este enfrentamiento es la ambición de Bruselas de reforzar su influencia sobre la planificación de infraestructuras, incluyendo la idea de “autopistas energéticas” y una mayor centralización de las prioridades de inversión. El choque, sin embargo, no se limita al volumen de inversión. Una interconexión requiere el acuerdo de los Estados implicados y decisiones de sus reguladores sobre el reparto de costes. Con el nuevo enfoque, Francia teme que se refuerce el papel del regulador europeo ACER y que el criterio “europeo” se imponga sobre el balance coste-beneficio a escala estrictamente nacional, una condición que París considera esencial.
A ese debate competencial se añade el encarecimiento de los proyectos entre España y Francia y el debate sobre quién paga y quién gana. Francia explica que el coste de estas infraestructuras se traslada a los consumidores a través del TURPE (tarifa de uso de las redes), y sitúa ese peaje en torno a una cuarta parte del recibo de un cliente residencial.
En ese contexto, la Comisión plantea cambios en el uso de las rentas de congestión (los ingresos que generan los diferenciales de precio cuando una interconexión se satura). RTE obtuvo casi 1.000 millones de excedente por este concepto entre 2023 y 2024 y esos ingresos se dedujeron del TURPE, aliviando la carga para el consumidor; pero Bruselas quiere obligar a destinar un 25% de esas rentas a proyectos europeos.
España aparece como el caso más sensible, porque el paquete comunitario busca reforzar el tránsito norte-sur. El comisario de Energía, Dan Jorgensen, deslizó públicamente que “A veces, Francia ha sido reticente a las interconexiones“, una frase que, tal y como se aprecia en la oposición a este plan, molestó profundamente en París.
Temor al exceso de producción renovable
La resistencia de Francia a incrementar las interconexiones con España no se reduce solo al pago por la infraestructura. El temor francés incluye también que una entrada masiva de electricidad barata en determinadas horas pueda presionar a la baja los precios y afecte a la rentabilidad de su parque de generación, formado principalmente por centrales nucleares.
El argumento francés encuentra respaldo adicional en la propia planificación de RTE. En el Bilan prévisionnel 2025-2035, el operador admite que desarrollar interconexiones puede aportar flexibilidad, pero lo condiciona a una coordinación estrecha con los refuerzos de red interna y al cumplimiento de las exigencias europeas de capacidad transfronteriza ofrecida al mercado, la llamada regla de los “70%”. Y, sobre todo, introduce un mensaje relevante para el debate con España: “la rentabilidad” de nuevos proyectos de interconexión con España (y con Reino Unido). En ambos casos, la propuesta aparece “reducida” frente a análisis previos, porque en un escenario de “descarbonización lenta” estos países también pueden resultar excedentarios en producción, reduciendo los beneficios asociados a ampliar aún más la capacidad.
En otras palabras, el pulso no es únicamente sobre más o menos capacidad física, sino sobre el reparto de costes, la asimetría de beneficios y el modelo de gobernanza.
Bruselas quiere acelerar y coordinar a escala europea una infraestructura considerada crítica para la electrificación y la integración del mercado. Francia teme pagar una parte mayor de la factura a cambio de retornos percibidos como insuficientes, y rechaza que el criterio “europeo” desplace la evaluación del balance coste-beneficio.
Mejora en el tratamiento fiscal del hidrógeno verde
España ha reclamado en el Consejo Europeo dos medidas que perjudican directamente a Francia. Por un lado, nuestro país encabeza junto a Portugal una alianza para controlar las ayudas estatales a la energías para la industria, tras el enorme paquete aprobado por Alemania. Y, en segundo lugar, España ha reclamado un tratamiento fiscal favorable para el hidrógeno verde frente al hidrógeno rosado (producido con nuclear) para poder facilitar las exportaciones entre España y Alemania.