Fuente: El Economista
El Parlamento Europeo cuenta ya con el informe que ha elaborado el eurodiputado socialista, Nicolás González Casares, sobre la reforma del mercado mayorista de la electricidad.
En dicho documento, que plantea una serie de cambios sobre los planteamientos de la Comisión Europea, el ponente pide al Ejecutivo comunitario mantener el tope de 180 euros/ MWh de los ingresos de los generadores inframarginales (nuclear, hidráulica y renovables) para que puedan utilizarse para paliar crisis de precios.
En opinión de González la medida se sustenta en tres razones: proporciona una fuente de financiación para las tarifas reguladas propuestas por la Comisión, permitiendo incluso a los Estados miembros con menor capacidad financiera disponer de una fuente de ingresos para compensar los altos precios; proporciona previsibilidad a consumidores e inversores al conocer las normas de antemano, evitando tener que recurrir a nuevas normativas de urgencia mediante la improvisación y la incertidumbre y sin la participación del Parlamento y, finalmente, evita la fragmentación del mercado interior mediante la introducción de normas comunes.
El eurodiputado reclama también que el sistema de protección alcance a las pymes y considera necesario complementar la propuesta de la Comisión incluyendo la obligación para los nuevos contratos a precio fijo de que los proveedores no puedan modificar las condiciones durante su duración, ni darlos por terminados prematuramente, ampliando los requisitos de información o garantizando el derecho de los clientes a poder participar en medidas de respuesta a la demanda o compartir energía.
Suministro básico
El Parlamento plantea también la necesidad de obligar a los Estados miembros a prohibir la desconexión de clientes vulnerables, incluidos los afectados por la pobreza energética, y garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir suministro eléctrico para cubrir sus necesidades básicas.
Estos derechos también deben complementarse con la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas específicas para las temporadas de invierno y verano dirigidas a los clientes domésticos, con el fin de ayudarles a gestionar su consumo y evitar facturas elevadas.
Finalmente, el informe propone limitar el objetivo del derecho a compartir energía al autoconsumo, para evitar que se genere un negocio de comercialización de la energía por otros medios al margen del tradicional. Reconoce la necesidad de ayudar a la industria electrointensiva y exige la compatibilidad de la reforma con el Reglamento de Taxonomía que ha impulsado la Comisión.
