El impuesto a las energéticas se ha quedado en papel mojado. El RDL 10/2024 con el gravamen temporal energético durante el año 2025 que aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre ha sido tumbado en el Congreso.
El PP, Vox, Junts, el PNV y UPN han sumado sus votos para derogar el texto, mientras que el resto de la Cámara ha votado a favor y Coalición Canaria se ha abstenido.
Pero el varapalo a los socios de la izquierda del Gobierno se está viendo solo como el primer ‘round‘. “Vamos a seguir apoyando el impuesto, porque es lo que está pactado con el PSOE”, señalan fuentes del grupo parlamentario de Podemos a EL ESPAÑOL-Invertia. Pero “no tiene sentido que el Gobierno acuda al Congreso sin tener los votos necesarios para aprobar los decretos”.
“El texto que se había llevado al Congreso no era lo que queríamos, pero aún así lo hemos apoyado porque los impuestos sirven para sustentar los servicios públicos de todos, y en especial los más de 1.000 millones que se recaudarían de las granes energéticas”, añaden.
Ahora se está pensando en nuevas fórmulas, pero reconocen desde los socios de la izquierda “que ya no depende de ellos. Si en el pasado no hubo un cumplimiento expreso de lo pactado, cómo nos vamos a sentar a negociar otro texto”.
En cualquier caso, “el acuerdo incluía aprobar los presupuestos, que no apoyaremos hasta que no se cumpla”.
Novedades del nuevo impuesto
En este tributo se introducía una novedad respecto al diseño de 2022, con “una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización“.
En concreto, aquellas que “por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales“.
“Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás“, según detalla el texto.
El gravamen en cuestión supone una tasa sobre las empresas energéticas del país que ya se venía aplicando el año pasado y recaudó unos 1.100 millones de euros en 2024.
Incluía bonificaciones y el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.
En concreto, se incluía una cláusula para conceder una bonificación máxima del 60% sobre la cuantía del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas que, eso sí, tendría que evaluar el Ministerio de Transición Ecológica.
Pago en julio
Además, la confusión que había en los plazos para pagar el impuesto también se ha diluido. La duda surgía porque el impuesto se encontraba en un vacío legal al aprobarse en Consejo de Ministros a finales de 2024 y estar vigente hasta que el Congreso lo votara durante 22 días de 2025.
Pero desde el grupo parlamentario popular confirman a este diario que no tienen duda de que es así. “Si el Gobierno aprueba un RD, hasta que no lo ratifica el Congreso no está en vigor, si no es así, ¿para qué sirve el Legislativo?”. “No hay que pagar nada”, explican fuentes jurídicas a este diario.
“En este Real Decreto Ley finalmente se puso que el pago iba a ser en julio con lo que no se ha producido la situación de que hubiese llegado febrero y tener que pagar sin haber convalidado. Ninguna duda al respecto”. continúan.
“Podrían plantear un nuevo proyecto de ley y empezar la discusión desde cero para intentar lograr todos los apoyos. Pero difícil que fuera retroactivo a este año”, concluyen.