Fuente: Invertia
A medida que avanza la investigación sobre el apagón el enfrentamiento entre el Gobierno, la empresa más implicada en la gestión del sistema eléctrico (Red Eléctrica) y la distribución de energía a las empresas y particulares (grandes eléctricas) aumenta.
Tanto es así que el Gobierno y Redeia han cerrado filas en torno a las pesquisas para blindar los datos y que no haya filtraciones sin controlar.
Al mismo tiempo, se frena la petición de información de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para realizar su propia investigación.
La presidenta de la institución, Cani Fernández, anunció en el Congreso su intención de abrir un proceso de investigación paralelo para analizar las posibles responsabilidades y conductas sancionables que pudieran derivarse de ello a todos los niveles.
Aunque estén como “invitados” en la comisión de investigación, los técnicos de la CNMC han pedido a Red Eléctrica datos más exhaustivos de lo que ocurrió antes, durante y después del apagón para intentar llegar a sus propias conclusiones, algo para lo que la ley les legitima.
Fuentes cercanas Redeia aseguran que va a ser muy complicado ceder datos a otros organismos mientras se están investigando los millones de ítems recogidos del sistema y de las propias compañías. Desde Transición Ecológica aseguran que el Gobierno no ha ralentizado ningún envío de información a la CNMC.
Esas reticencias, que todavía se mantienen a nivel técnico, pueden complicar y alargar el trabajo de los especialistas de la CNMC, que además se amplía a todos los sectores afectados por el apagón, no solo al incidente en sí, por si hubiera responsabilidades que depurar o sanciones que imponer.
La normativa vigente marca multas de entre 6 y 60 millones para los responsables del ‘net cero’ del pasado 28 de abril, si bien en este caso sería siempre la multa máxima dado el tremendo impacto que supuso.
Incluso para el caso de que se niegue o entorpezca la entrega de datos a la institución, como órgano regulador y supervisor europeo, tendrá incluso potestad para sancionar a quienes les negaran esa entrega de datos, aseguran fuentes jurídicas especializadas en temas energéticos.
Escalada de reclamaciones
Cani Fernández, que está pendiente de cerrar el capítulo de la opa BBVA-Sabadell que el Gobierno pretende enmendar con condiciones propias, ya advirtió en el Congreso que “la CNMC aporta conocimiento técnico independiente y como tal tiene un papel complementario al del Gobierno y la gestión de Red Eléctrica”.
A pesar de ello, fuentes técnicas conocedoras de la situación aseguran que un informe propio de la CNMC puede venir a complicar mucho el enorme entramado de responsabilidades jurídicas que se pueden derivar de la investigación oficial.
La última información apunta a una responsabilidad directa de Redeia por plantear una planificación extrema en cuanto a la carga de producción renovable frente a otros tipos de generación más estable en el mix del día del apagón, si bien queda mucho por dilucidar hasta tener un veredicto fiable.
La cascada de reclamaciones que se puede generar por parte de todos los afectados, toda vez que tanto Redeia como responsable del transporte de alta tensión, como las eléctricas (mayoristas y comercializadoras) están obligadas a dar un suministro sin cortes por ley, ha desatado un revuelo jurídico importante a modo de prevención.
La industria electrointensiva ya calcula costes millonarios por la parada obligada de sus plantas y la tardanza en arrancar, con la consiguiente pérdida de producto y venta.
Todas las consecuencias producidas en ese y otros sectores entrarían dentro de la capacidad de la CNMC de llevar a cabo supervisiones ‘ex post’ y analizar el impacto que se produjo, sus causas y las posibles reclamaciones.
El informe propio de la CNMV sobre el apagón, que lleva en pleno cálculo por parte de la CNMV de la tasa de retribución de las eléctricas por sus inversiones en redes, supone un trabajo adicional que la presidenta está dispuesta a asumir y terminar, según aseguró en el Congreso.