Fuente: El Economista
El Gobierno se prepara para aprobar la reforma de la tarifa regulada de electricidad. La intención del ministerio de Transición Ecológica es tratar de cumplir sus compromisos con la Comisión Europea para poder pedir una prórroga de la excepción ibérica hasta 2024, tal y como adelantó elEconomista.es.
El Consejo de Ministros puede aprobar hoy mismo la reforma del PVPC cuyo principal objetivo es minimizar la volatilidad de los recibos de los consumidores, un extremo que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia pone en duda en un informe sobre la propuesta del Gobierno al que tuvo acceso este diario.
La nueva metodología propuesta por Ribera suaviza los incrementos de los precios en escenarios al alza y, a su vez, mitiga las reducciones en escenarios de descenso de precios. Por ese motivo, el organismo supervisor considera que sería conveniente realizar un análisis de esta nueva metodología una vez finalice la aplicación del tope al gas con el fin de valorar la necesidad y la proporcionalidad de la reforma.
La nueva metodología de precios prevé la puesta en funcionamiento de un sistema para la fijación del PVPC que tendrá en cuenta, además del precio medio horario (obtenido a partir de los resultados del mercado diario e intradiario), un término de ajuste calculado a partir del precio medio de los valores de una cesta de futuros con carga base con liquidación financiera (anual 54%, trimestral 36% y mensual 10%). El Ministerio prevé la implantación de este sistema de forma progresiva. Para el año 2023 lo fija en el 0,25, para 2024 en el 0,4 y para 2025 en el 0,55.
Frenará la bajada
Teniendo en cuenta que actualmente estamos inmersos en un ciclo de precios elevados, la introducción de referencias a plazo en el PVPC supondrá mitigar el impacto de la bajada de precios, cuando esta se produzca, frente a la reducción inmediata que reflejaría un precio del PVPC con la metodología actual, en donde el 100% de la señal de precio corresponde al mercado de contado.
En 2021, ante un escenario de incremento de precios, la nueva metodología habría supuesto un ahorro para los consumidores acogidos al PVPC frente a la metodología actual, mientras que 2022 ante un escenario de reducción de precios, el resultado habría sido un incremento de precio, lo que certifica que la medida llega ya tarde.
La CNMC recibió la propuesta el pasada 14 de octubre y aprobó la propuesta del Ministerio el 16 de diciembre pero, finalmente, el departamento de Teresa Ribera no ha aplicado este cambio.
La CNMC asegura que la medida propuesta por el Gobierno “no supone una ganancia relevante en estabilidad para este tipo de consumidor” y cifra la volatilidad en unos 7 euros/ MWh en promedio, lo que supondría pagar 1,7 euros de más algunos meses y pagar esta misma cantidad de menos durante otros.
El organismo duda además sobre si tiene sentido que el PVPC sea la referencia de precio más adecuada para los consumidores vulneables y advierte que “esta reforma podría no dar los resultados esperados” y recomienda analizar otras alternativas.
Riesgo de volumen
La medida además incorpora un riesgo de volumen para los comercializadores de referencia, lo que supone un incremento del coste del suministro en caso de ser reconocido como una prima de riesgo en el PVPC e implicaría un incremento de precio frente a la metodología actual.
La fórmula además no mantiene el mismo perfil horario de los precios de mercado y podría conllevar comportamientos ineficientes en días de elevada penetración de renovables, es decir, que en momentos de costes de generación muy bajos la señal de precios fuese distinta para los consumidores desplanzándose así el uso de esa electricidad y perdiendo eficiencia.
La CNMC recomienda también ampliar el plazo de contratación para evitar una presión de precios y la concentración de las operaciones de compra por parte de las comercializadoras.
La medida además puede provocar problemas para acometer la labor de certificación de las microempresas, las únicas que podrán tener acceso a este tipo de contratos. Se consideran que hay 881.360 empresas que deberían presentar una declaración responsable para garantizar su acceso a este tarifa, un extremo que la CNMC considera que no podría acomenter por la falta de medios y recomienda un proceso de validación por parte de la administración mediante opciones digitales como la herramienta Bosco que actualmente acredita si una persona jurídica puede o no acogerse al PVPC.
Mercado mayorista
La Comisión Europea se encuentra en la actualidad inmersa en un proceso de revisión del diseño del mercado eléctrico para conseguir una mayor asequibilidad de los precios para el consumidor.
Tras lanzar el Reglamento 2022/1854 del Consejo de 6 de octubre de 2022 relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía, la Comisión ha iniciado un proceso de revisión del funcionamiento del mercado eléctrico de forma que esté adaptado para afrontar la volatilidad de los precios.
En el mencionado comunicado, se reconoce la necesidad de proteger a los consumidores finales frente a los precios elevados y la volatilidad excesiva, y que puedan ser suministrados con electricidad asequible tanto a corto como largo plazo. Asimismo, reconoce que garantizar las inversiones en capacidad firme o con bajas emisiones de carbono, debe a la vez evitar unos beneficios excesivos para los inversores, en períodos en los que los precios de mercado son elevados.
En este marco, la Comisión Europea junto con ACER ha iniciado un proceso de evaluación de impacto para ajustar el mercado de la electricidad y, en su caso, su marco legislativo, esperándose en un principio que iniciase un proceso de consulta a mediados de diciembre de 2022. Por el momento, Bruselas aún no la ha iniciado pero lo cierto es que ya ha recibido varias propuestas como la presentada hace unos meses por parte de Grecia o la que pretende hacer público hoy mismo España.
