Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica ha puesto en pie de guerra al sector eléctrico tras su propuesta de incrementar la tasa nuclear en un 40% para hacer frente a los nuevos gastos que supondrá el VII Plan de residuos nucleares.
Entre las medidas que provocan este aumento figura en un lugar destacado la decisión de abandonar el proyecto de construcción de un Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca).
Transición Ecológica justifica su decisión “ante la falta del consenso social, político e institucional necesario para designar el emplazamiento del ATC” y por ello opta por disponer de almacenes temporales descentralizados en cada uno de los siete emplazamientos de las centrales de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Santa María de Garoña, José Cabrera, Trillo y Vandellós II, una opción notablemente más cara, tal y como se vió en la comisión que decidió optar por el ATC.
El ministerio parece olvidar en este caso que la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, con fecha de 27 de abril de 2006, aprobó una proposición no de Ley relativa a la creación de una Comisión Interministerial encargada de establecer los criterios que debía cumplir el emplazamiento e impulsar las políticas públicas y las previsiones legales necesarias para su aplicación en dicha ubicación. Dicho proceso culminó con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, por el que se aprobó la designación del emplazamiento propuesto por el municipio de Villar de Cañas.
Desde entonces, la construcción de esta instalación ha supuesto una inversión de alrededor de 100 millones de euros, sobre los 450 millones previstos de coste de inversión, pero la decisión de abandonar el proyecto puede elevar todavía más este agujero, que algunos expertos como el miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, Javier Dies, ya cifran en 300 millones por la paralización del proyecto desde julio de 2018. Según Dies, mientras no esté operativo el ATC de Villar de Cañas, cada año y medio habrá que comprar unos 14 contenedores con un coste de unos 28 millones de euros. Esta medida supone además que se generarán innecesariamente unas 9.500 toneladas de material contaminado con radiactividad innecesariamente.
Para el consejero, “la opción de ir a 7 ATI situaría a España en el grupo de países que han fracasado en el desarrollo de una gestión excelente de los residuos radiactivos de alta actividad”.
Para el Foro Nuclear, los extracostes de este Plan -que está valorado en más de 20.220 millones- suponen un cambio sustancial frente a las condiciones en las que se alcanzó el Protocolo para el cierre de las centrales en 2019 entre Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) y las centrales nucleares para su funcionamiento, y por el que se acordó incrementar la tasa de Enresa en un máximo del 20 por ciento. Cabe recordar que, tras dicho aumento, el conjunto del parque nuclear español aporta cada año al Fondo Enresa del orden de 450 millones de euros.
Donación
Transición Ecológica ha decidido además no recuperar ni el coste de los terrenos y ha instado a Enresa a que adopte los acuerdos oportunos para llevar a cabo la cesión gratuita de la propiedad de los terrenos y edificios de Villar de Cañas a la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, entidades locales de la provincia de Cuenca, o de fundaciones públicas de dichas Administraciones, exclusivamente para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su respectiva competencia.
