Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica ha sometido a consulta pública la orden que regula los cargos de la nueva tarifa eléctrica para 2024 y que prevé que entre en vigor el próximo mes de febrero. Según la propuesta que ha puesto sobre la mesa el departamento de Teresa Ribera, el importe total de los costes del sistema eléctrico ascenderá este año a 7.805 millones de euros mientras que los ingresos destinados a compensar estos cargos sumarán unos 5.272 millones fundamentalmente provenientes de las figuras impositivas de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y de las subastas de derechos de emisión de CO2. Esto supone que los consumidores tendrán que financiar un total de 2.532 millones.
El pasado 27 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 8/2023, por el que se adoptaron medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. En dicha normativa, el Gobierno incluyó una serie de medidas con impacto directo en esta determinación de los cargos. En su artículo 40, el Gobierno decidió prorrogar los cargos aprobados en 2023 -no había presentado la propuesta para 2024-, en tanto se tramitaran estos y se aprueban los fijados por medio de esta orden ministerial que se ha presentado con retraso.
Según la propuesta, el impacto de la aplicación de un tipo reducido del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica supondrá un importante recorte en la recaudación inicialmente prevista. Según las cuentas del Miteco, una reactivación completa del tipo al 7% durante todo el ejercicio hubiese supuesto unos ingresos de 2.173 millones de euros, pero con la reducción del tipo planteada, la recaudación final se reducirá a 1.766 millones de euros.
La propuesta incluye además tres aportaciones extraordinarias al sistema eléctrico para la reducción de los costes soportados por los cargos, dos de ellas provenientes de la propia liquidación del sistema eléctrico correspondiente al ejercicio anterior -en el que se registró un superávit total del sistema de más de 6.000 millones- y una procedente de los Presupuestos Generales del Estado.
La primera es equivalente a la correspondiente al superávit de cierre del ejercicio 2022 para los cargos, deducido el importe trasladado al 2023, lo que supone una inyección de 453 millones, lo que supone que las otras dos aportaciones necesarias deben ascender a 1.375 millones. El Gobierno prevé estudiar primero cuanto se utilizará de los Presupuestos y luego la cantidad que será necesario aportar a coste del superávit eléctrico.
El extracoste de producción de los servicios no peninsulares ascenderá este año a 922 millones. La financiación del llamado déficit de tarifa seguirá suponiendo un coste de 2.371 millones.
