Fuente: El Economista
l Ministerio de Transición Ecológica ha decidido abrir un proceso de negociación con las eléctricas para afrontar el sobrecoste del Plan de residuos nucleares. El Gobierno decidió abandonar el proyecto de Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas para sustituirlo por siete almacenes temporales, una opción mucho más cara, y pretendía que las eléctricas se hicieran cargo del coste adicional de esta decisión política. Esta modificación suponía el incremento de la llamada tasa Enresa en un 40% y llevaba a las centrales nucleares españolas a un punto en el que entraba en riesgo su nivel de rentabilidad.
La propuesta del Gobierno generó una rebelión del sector, que ha llegado incluso a presentar sendos recursos ante los juzgados por mediación del Foro Nuclear, para oponerse a estos planes del Ejecutivo.
Ahora, tras la ampliación del plazo de alegaciones que las eléctricas solicitaron, el Ministerio ha decidido abrir una nueva consulta pública para analizar nuevas opciones.
Las eléctricas, con el asesoramiento de PwC, han puesto ya sobre la mesa varias propuestas para resolver este entuerto.
El sector plantea que se destine a Enresa una parte de la recaudación futura del impuesto de la Ley 15/2012. Del mismo modo si la recaudación sobrante de dicho impuesto de esta misma ley se guardase en un fondo, se cubrirían los posibles desajustes en los que Enresa pueda incurrir en el futuro.
Actualmente, esta Ley ha recaudado ya más de 3.000 millones de euros, importe suficiente para cubrir el sobrecoste de los 2.000 millones establecidos en el 7º PGRR.
Asimismo, se plantea que simplemente el hecho de eximir a Enresa del impuesto del almacenamiento centralizado de residuos radiactivos y combustible gastado establecido en la Ley 15/2012, reduciría los costes del Plan General de Residuos Radioactivos en 1.277 millones (lo que equivaldría a reducir la tasa en aproximadamente 2 euros/MWh).
El plazo para presentar alegaciones desde el 2 de marzo hasta el lunes 18 de marzo.
Las eléctricas están dispuestas a aprovechar esta negociación para tratar de buscar un acuerdo sobre el futuro de las centrales nucleares pero el Gobierno parece que no quiere ir tan lejos, aunque en la consulta que ha abierto se vuelve a la casilla de salida en lo que respecta a la tasa Enresa.
Mediante la revisión de este real decreto, el Ministerio asegura que pretende actualizar la tarifa fija unitaria de la prestación asociada a las centrales nucleares en explotación, con el fin de tener en cuenta las estimaciones de los costes futuros de las actividades previstas en el 7º PGRR, aprobado el 27 de diciembre de 2023, aplicando el principio de “quien contamina paga” y tratando de evitar eventuales déficits de financiación que tengan que ser asumidos en el futuro por fondos públicos.
