Fuente: Expansión
ITVs permanentes a Iberdrola, Endesa y Naturgy; nuevo poder a Red Eléctrica para vigilar 30 millones de contratos de luz; normativa revisable cada dos años; menos burocracia para las renovables; medidas antiespeculación contra los data center; rebajas de luz a la industria; incentivos fiscales a nuevas instalaciones verdes…
Son algunas de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha a través de un macrodecreto para evitar apagones como el que ocurrió el pasado 28 de abril.
El decreto que ha elaborado el Gobierno para evitar futuros apagones eléctricos en España, como el ocurrió el pasado 28 de abril, ha sido aprovechado por el Ejecutivo para acometer una revisión integral del sistema energético español. Además de las medidas antiapagón, el Gobierno ha añadido otras medidas para atacar todo tipo de problemas, como la excesiva burocracia en renovables, o la incertidumbre en el despliegue de redes de luz e instalaciones verdes.
El decreto ha sido presentado hoy tras el consejo de ministros por Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica. Aagesen ha empezado su explicación diciendo que “el sistema eléctrico español tenía todo lo necesario para funcionar correctamente el 28 de abril”. Pero el Gobierno ha hecho “un ejercicio de análisis que nos permite avanzar en medidas que nos protegerán de mejor manera, medidas de anticipación”.
La CNMC será clave
El decreto dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de más poder para que “en seis meses evalúe las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados a prestar el servicio”, es decir, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Redeia (Red Eléctrica), entre otros.
La CNMC elaborará el informe correspondiente, que actualizará cada tres meses, a modo de ITV permanente.
El regulador “también completará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición del sistema, con mayor atención a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución, que se repetirá cada tres años”.
Igualmente se encarga al operador del sistema, es decir, Red Eléctrica, que “elabore propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema”. De igual modo, se le encomienda el desarrollo de un nuevo procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes.
Red Eléctrica vigilará 30 millones de contratos
Como medida adicional para reforzar la resiliencia del sistema, el decreto da un impulso muy relevante al almacenamiento, tanto mediante la hibridación en instalaciones de generación como con su incorporación al sistema eléctrico en general. Se agiliza la tramitación administrativa de los expedientes, especialmente en el ámbito de proyectos que sean competencia de la Administración General de Estado, con una reducción de los plazos a la mitad.
Red Eléctrica así mismo incorporará a sus funciones la de servir como punto de acceso único a los datos de los clientes finales -siempre respetando la confidencialidad de la información personal- para mejorar el funcionamiento de los mercados de electricidad. En la práctica, esta medida es dotar a Red Eléctrica de más poder justo en un momento en el que muchas críticas por el apagón recaían sobre la empresa como posible responsable.
Hasta ahora, esta información, procedente de 30 millones de contadores inteligentes, se encuentra repartida por más de 300 compañías distribuidoras.
“Para profundizar en el proceso de electrificación de la economía y agilizar la adaptación de la infraestructura eléctrica a las necesidades del tejido productivo, cada tres años [en lugar de cinco, como ahora] se revisará la planificación de la red de transporte en vigor, lo que iniciará un nuevo ciclo de planificación sexenal, y se aprobarán modificaciones de aspectos puntuales cada dos años”.
Frente a los data centers
Para “facilitar la conexión a las redes eléctricas de nuevas actividades económicas, industriales principalmente, se revisa la normativa de acceso y conexión de la demanda, fijando en cinco años el plazo de caducidad de los derechos de acceso, lo que posibilitará un mayor aprovechamiento de redes existentes y, actualmente, en desuso”. En la práctica, es una medida antiespeculación en torno a los puntos de acceso a la red, que ahora están acaparando proyectos de data centers, muchos de solo planes sobre papel, sin un fundamento sólido detrás.
Igualmente, “se acortan los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros y se adoptan disposiciones para agilizar la conexión de nuevos accesos para demanda, principalmente industrial”, en lugar de los data centers.
Otras medidas consisten en favorecer “la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilita a los ayuntamientos la aplicación de deducciones del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tal como ya sucede con el autoconsumo”.
Ayuda a la industria
Para seguir potenciando la demanda y la electrificación industrial, el decreto incorpora la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero, habida cuenta de la eficacia que ha demostrado desde su establecimiento, hace dos años y medio, con motivo de la guerra de Ucrania.
La tramitación de los proyectos de renovables también se modifica, para facilitar su ejecución, evitar costes derivados de la fuerte competencia internacional y optimizar la calidad de las instalaciones. Y se fomenta la renovación de instalaciones de generación -su repotenciación-, reduciendo los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original.