Fuente: Cinco Días
En medio del vasto paquete de medidas que marcan el principio del fin de la intervención del Gobierno contra la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y una vuelta gradual a la antigua normalidad, una de ellas ha pasado totalmente desapercibida: la eliminación del tope de 67 euros/MWh en los contratos bilaterales de electricidad a plazo fijo, precio a partir del cual, a las empresas del sector se les minoran sus beneficios. Unos beneficios extra que, según el Gobierno, en el fragor de la escalada del gas, procedían de la internalización de los precios de este combustible en los contratos de luz.
La medida ha quedado eclipsada por la desaparición de otro tope, el de la excepción ibérica, que la Unión Europea autorizó a España y Portugal en 2022 y cuya vigencia termina también este año. Para evitar que los altos precios del gas, con el que se produce electricidad en las centrales de ciclo combinado, contaminasen el precio marginal del resto de energías en el pool (las llamadas inframarginales: nuclear, hidroeléctrica y ciertas renovables) a estas se les impuso un precio medio del gas de 48,8 euros/MWh, a partir del cual no podían cobrar el marginal marcado por los ciclos. La excepción ibérica estaba sentenciada pues, además de no haber sido necesaria su aplicación desde febrero, gracias a la bajada de las cotizaciones del gas, su prórroga requería del visto bueno expreso de la Unión Europea.
Menos clara resultaba para las empresas la desaparición del límite de 67 euros/MWh, pues, de hecho, la intención del Ministerio para la Transición Ecológica era prorrogarla seis meses más, aun sin el permiso de Bruselas. Finalmente, el Gobierno ha optado por no hacerlo, y la norma sencillamente “ha decaido, no ha sido necesario derogarla porque su vigencia terminaba este año”, según fuentes del sector.
Este es otro de los motivos por el que ha pasado desapercibido: ni figura en el real decreto ley aprobado el miércoles por el Consejo de Ministros y ni Gobierno ni empresas han querido mencionarlo. El primero, “para evitar posibles críticas a una medida favorable a las empresas y estas, por la misma razón”, opinan las mismas fuentes. Máxime tras la polémica desatada por la decisión del Ejecutivo de deducir las inversiones de las energéticas en compensación por el impuesto que grava los ingresos de eléctricas petroleras y gasísticas en 2023 y 2024.
El efecto de la minoración fue muy relevante con los altos precios del gas. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, aseguró en la presentación de los resultados de 2022, que la compañía habría ganado 6.000 millones más en ausencia de la medida. No obstante, obtuvo un beneficio de 2.541 millones, un 77% más que en 2021.
Aunque el descenso del precio del pool (que cerrará 2023 en unos 90 euros/MWh), ha reducido el margen de minoración de beneficios, las eléctricas aún tendrán un margen para superar el tope que ahora desaparece el próximo año: los futuros para 2024 se sitúan por encima de los 80 euros/MWh frente a los 67 euros/MWh.
La minoración de beneficios extraordinarios de las tecnologías no expuestas a los precios del gas, pero que se beneficiaban del mismo, fue la primera gran batalla entre el Gobierno y las eléctricas tras la irrupcion de la crisis energetica. En septiembre de 2021 el Gobierno, unilateralmente sin consultar a a Comisión Europea, aprobó una primera norma para recortar los citados beneficios extra de la que tuvo que excluir, un mes después, los contratos bilaterales y aplicarla solo a las compraventas en el pool. Ya en 2022, el Ejecutivo se sintió respaldado por la CE (que aconsejó “reglas de reducción” en su comunicación Toolbox II), e incluyó todos los contratos bilaterales y situó el límite de 67 euros/MWh en junio de ese año.
Finalmente, ya en octubre, Bruselas formalizó las medidas de alivio contra la crisis energética en el Reglamento de emergencia 18/54, pero este año, y expresamente en el Consejo de la UE diciembre, desautorizó la prórroga de la citada minoración. Aunque el Gobierno podría haber tensado la cuerda (de hecho, la UE hizo la vista gorda en 2021 cuando España se adelantó a los recortes), ha optado por hacer decaer la medida.
Fuentes empresariales consideran que la decisión es coherente con una senda de precios de la energía a la baja y, sobre todo, porque “no cabe en la reforma del mercado eléctrico aprobado por la UE este año”. La reforma, que ha beneficiado a la nuclear francesa y al carbón alemán, ha sido el resultado político (poco satisfactorio para España que aspiraba a un cambio del sistema de precios marginales) de la crisis.
