Fuente: Expansión
Aagesen lanza un aluvión de medidas que permiten a la CNMC vigilar instalaciones eléctricas y a Redeia controlar comercialmente sus contratos y para decidir medidas antiapagón.
ITVs permanentes a Iberdrola, Endesa y Naturgy por parte de la Comisión de Competencia (CNMC); poder absoluto a Red Eléctrica (Redeia) para vigilar 30 millones de contratos de luz; normativa revisable cada dos años para que el sistema no se desmande; menos burocracia para las renovables; medidas antiespeculación contra los data center; rebajas de luz a la industria; incentivos fiscales a nuevas instalaciones verdes…
Son algunas de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha a través de un macrodecreto para evitar apagones como el que ocurrió el pasado 28 de abril. El decreto -que se prevé entre hoy en vigor, tras su publicación en el BOE, a falta de convalidación parlamentaria- se ha aprovechado para acometer una revisión integral del sistema energético español -ver información adjunta-. Son medidas variopintas para atacar todo tipo de problemas. Muchas de ellas empoderan a la CNMC y a Redeia frente a las grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa y Naturgy, especialmente.
El decreto fue presentado ayer tras el Consejo de Ministros por Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica. Aagesen empezó su explicación diciendo que “el sistema eléctrico español tenía todo lo necesario para funcionar correctamente el 28 de abril”. Pero el Gobierno ha hecho “un ejercicio de análisis que permite avanzar en medidas que nos protegerán de mejor manera, medidas de anticipación”.
ITVs desde la CNMC
Se dota a la CNMC de más poder para que “en seis meses evalúe las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados a prestar el servicio”, es decir, Iberdrola, Endesa y Naturgy, además de Red Eléctrica.
La CNMC elaborará el informe correspondiente, que actualizará cada tres meses, a modo de ITVs permanentes. El regulador “también completará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición del sistema, con mayor atención a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución, que se repetirá cada tres años”. Es decir, las grandes eléctricas bajo vigilancia constante.
Igualmente, el decreto encarga al operador del sistema, Red Eléctrica, que “elabore propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia” y otras variables, para “contribuir a fortalecer la seguridad del sistema”. Redeia, a la que las eléctricas culpan del apagón, será así juez y parte frente a ellas.
También se le encomienda el desarrollo de un nuevo “procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes”.
‘Hub’ de datos comerciales
Es decir, Redeia decidirá sobre su propia red (alta tensión) y sobre la de los demás (distribución). No es lo único. Red Eléctrica incorporará a sus funciones servir como punto de acceso único (hub) a los datos de los clientes finales de luz “para mejorar el funcionamiento de los mercados de electricidad”.
Hasta ahora, esta información, procedente de 30 millones de contadores inteligentes, se encuentra repartida por más de 300 compañías distribuidoras. El Gobierno trata así de mejorar la portabilidad eléctrica, laminando el poder comercial que ejercen los grandes grupos para retener clientes y obstaculizar ese proceso.
“Para profundizar en el proceso de electrificación de la economía, cada tres años [en lugar de seis, como ahora] se revisará la planificación de la red de transporte de luz en vigor y se aprobarán modificaciones de aspectos puntuales cada dos años”. Y para “facilitar la conexión a las redes eléctricas de nuevas actividades económicas, industriales principalmente, se revisa la normativa de acceso y conexión de la demanda, fijando en cinco años el plazo de caducidad de los derechos de acceso, lo que posibilitará un mayor aprovechamiento de redes existentes y, actualmente, en desuso”. Es una medida antiespeculación en torno a los puntos de acceso a la red, que ahora están acaparando proyectos de data center, muchos solo planes sobre papel, sin un fundamento sólido detrás.
Igualmente, “se acortan los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros y se adoptan disposiciones para agilizar la conexión de nuevos accesos para demanda, principalmente industrial”, en lugar de los data center. Otras medidas consisten en favorecer “la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos”, o ayudas a la industria.
Ayudas a la gran industria
El decreto incorpora la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero, por el impacto de la guerra de Ucrania. La tramitación de los proyectos de renovables también se modifica para facilitar su ejecución. Se elimina de facto la fecha tope de ejecución de algunos proyectos.
Una de esas fechas tope (hito) vencía hoy. Si no se cumplía, los proyectos se debían cancelar. Se fomenta la renovación de instalaciones -repotenciación-, reduciendo burocracia a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original.
CNMC advierte: puede inhabilitar y obligar a pagar
Cani Fernández, presidenta de la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), explicó ayer que este organismo sigue pidiendo datos a las empresas sobre el apagón del 28 de abril, y “lo va a seguir haciendo”. Porque su objetivo es encontrar no solo las causas, sino también los responsables.
Fernández intervino en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Fue muy firme con respecto al análisis de la CNMC, y su objetivo de llegar a las últimas consecuencias. “Si hay indicios de infracciones e incumplimientos derivará en sanciones”. Recordó que la CNMC puede imponer multas “de hasta 60 millones de euros”. Pero puede ir más allá, y promover vía Gobierno “inhabilitaciones”, “pérdida de autorizaciones” o “subvenciones”. También puede instar a “indemnizar a todo el sistema” por el apagón.