Fuente: Invertia
El Gobierno inicia los trámites para elevar las exigencias sobre la eficiencia energética en las empresas y ampliar las auditorías obligatorias.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha lanzado una consulta pública previa para recabar opiniones sobre la futura normativa que adaptará la legislación española a los nuevos requisitos europeos en esta materia.
La medida responde a la necesidad de transponer la Directiva (UE) 2023/1791, que introduce criterios más estrictos para la realización de auditorías energéticas y la implantación de sistemas de gestión de la energía, con el objetivo de reducir el consumo y las emisiones contaminantes de las empresas.
Uno de los cambios más relevantes es la modificación del criterio para determinar qué empresas estarán obligadas a realizar auditorías. Hasta ahora, la obligación se basaba en el tamaño de la empresa, afectando a aquellas con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros.
En concreto, las empresas que superen un consumo medio anual de 10 terajulios (sumando todas las fuentes de energía) —es decir, 2,78 gigavatios hora (GWh)— deberán someterse a auditorías energéticas periódicas.
Aquellas cuyo consumo sea superior a 85 terajulios (23,61 GWh) estarán obligadas a implantar un sistema de gestión de la energía. Además, según se dispone en normativa comunitaria, la no realización de estas auditorías conllevará sanciones.
Criterios de auditoría
Para velar por la elevada calidad de las auditorías energéticas y los sistemas de gestión de la energía, en línea con las exigencias europeas, el Gobierno fijará unos criterios mínimos, transparentes y no discriminatorios para las auditorías energéticas.
Otro eje clave de la directiva que se pretende transponer es el impulso al mercado de los servicios energéticos, un sector que ofrece soluciones para mejorar la eficiencia y reducir el consumo en empresas y administraciones públicas.
Para garantizar su correcto desarrollo, la nueva regulación exige que los Estados miembros faciliten información sobre los contratos de servicios energéticos, los instrumentos financieros disponibles, los proveedores certificados y las metodologías de medición y verificación.
Asimismo, se fomentará la creación de etiquetas de calidad para los proveedores de servicios energéticos, alineadas con estándares europeos e internacionales, con el fin de asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de estos servicios.
Sistemas CAEs
Las nuevas exigencias llegan en un momento de expansión del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Se trata de créditos que certifican el ahorro de energía logrado por una empresa. Estos pueden ser comprados o vendidos en el mercado, permitiendo a las empresas cumplir con objetivos de eficiencia energética y generar ingresos.