Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica ha decidido dar un paso al frente y crear finalmente una División de Proyectos de Energía eléctrica que permita acelerar la tramitación de proyectos de energías renovables. Para ello, la vicepresidenta Ribera ha decidido crear una unidad que dependerá de la Dirección general de energía y que debe servir para desatascar los proyectos de renovables en España. El Gobierno ha generado un importante atasco en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental, que acaba de terminar este pasado 25 de febrero, y tiene que afrontar ahora antes de junio la concesión de los permisos de construcción para una elevada cantidad de proyectos de energías limpias.
La situación además puede complicarse notablemente en los próximos meses, ya que según los datos que el propio Ministerio aporta en el Boletín Oficial del Estado, en estos momentos tienen permiso de acceso y conexión a la red eléctrica de transporte un total de 144 GW de proyectos fotovoltaicos y eólicos en diversos estados de tramitación.
Para situar esta cifra hay que recordar que ya hay 45 GW eólicos y fotovoltaicos en funcionamiento y que el objetivo del PNIEC para estas tecnologías en 2030 se sitúa en los 90 GW, es decir, que existen más del triple de proyectos de los planificados oficialmente.
La Directiva (UE) 2018/2001, cuya trasposición está pendiente de completar, exige la existencia de una “ventanilla única” de tramitación de renovables que permita acelerar estos procedimientos. La filosofía es que exista una «task force» específica que pueda ser “dueña” del expediente y “acompañarlo” en los distintos trámites y peticiones de informe y esta medida trata de dar respuesta a dicha exigencia.
Estos permisos de acceso se transforman a su vez en un ingente número de proyectos. Sólo en la administración general del estado, que tramita los proyectos de más de 50 MW o que afectan a dos o más Comunidades Autónomas, hay en estos momentos 990 proyectos, con una potencia total de 83 GW, en diferentes estados de tramitación, es decir, más de la mitad de los que hay ahora mismo en proyecto.
El Ministerio de Transición Ecológica ha otorgado declaraciones de impacto ambiental para más de 200 proyectos por casi 40.000 MW que tendrán que estar construidos previsiblemente en 2025.
Este volumen de proyectos, reconoce el Ministerio, “ha desbordado a todos los organismos que participan en alguna fase de la tramitación de los proyectos, lo que ha generado importantes retrasos en los tiempos de tramitación y, paradójicamente, que el ritmo de la potencia renovable que entra en servicio cada año se haya ralentizado”.
Según indica el Gobierno en el BOE, “se ha multiplicado exponencialmente el número de proyectos de renovables a tramitar, sin incrementarse los medios disponibles para su tramitación. Existen proyectos en tramitación que ya cuentan con los permisos de acceso a la red eléctrica concedidos, y con la capacidad técnica y financiera detrás. La instalación en un corto plazo de tiempo de una parte relevante de esta capacidad renovable permitiría reducir significativamente el impacto de la crisis de precios de gas sobre los precios de la electricidad. El principal impedimento a esta realidad es una falta de medios, tanto en la Administración General del Estado como en las Comunidades Autónomas”.
Para afrontar este reto se ha trabajado en dos líneas. Por una parte, en la simplificación y reducción de los trámites administrativos. Por otra, en un aumento de los recursos, especialmente en la estructura organizacional y de recursos humanos dedicados a la tramitación de los proyectos.
Sin embargo, todas estas medidas no eximen de la necesidad de una dotación adecuada de los recursos humanos necesarios para la tramitación de los proyectos. A la vista de ello, avanzar en la línea de potenciar la estructura organizativa y los efectivos dedicados a esta función deviene una necesidad ineludible. Si bien esto es predicable para todos los actores en esta materia, en el caso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en concreto de la Secretaría de Estado de Energía, este refuerzo es un factor clave para evitar cuellos de botella.
Cabe recordar que en el ámbito AGE se trata tanto de las competencias que se ejercen por el Ministerio, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, como de las que se llevan a cabo desde las Áreas funcionales de Energía, integradas en Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Y en ambos casos es crítico que el incremento de sus medios implique tanto una adecuada estructura orgánica y dotación de puestos como que se disponga de personal cualificado para el desempeño de los mismos.
Se plantea por tanto la necesidad de disponer de una unidad administrativa específica, con personal funcionario, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, que permita acelerar la tramitación de proyectos renovables y contribuir en el corto plazo a una mitigación de los precios de la energía.
Esta unidad también será responsable de la autorización de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica competencia de la Administración General del Estado, al ser el procedimiento de autorización común con el de las instalaciones de generación de energía renovable y por ser estas instalaciones de la red de transporte y distribución también críticas para posibilitar el desarrollo de las energías renovables en nuestro país.
Se trata de funciones que deben entenderse entre las encomendadas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo con la configuración normativa del mismo, y que en el seno del Departamento corresponde desempeñar a la Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, pero sin que tales funciones se encuentren entre las atribuidas a alguna de las Subdirecciones Generales adscritas a esa Dirección General, y resultando necesario que se ejerzan por una unidad orgánica con sustantividad y autonomía propia que dependa directamente de la persona titular de la Dirección General. En este sentido, cabe señalar que la actual Subdirección General de Energía Renovables tiene encomendadas unas funciones de tipo regulador y supervisor que no coinciden con las que ahora resulta necesario afrontar, de carácter más procedimental.
Por ello resulta necesario crear una División de Proyectos de Energía Eléctrica como unidad administrativa que dependa directamente de la persona titular de la Dirección General de Política Energética y Minas de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
