El sector energético español está cansado de la política fiscal del Gobierno. Este martes el Ministerio de Economía dio a conocer las cifras con las que está pactando con la Unión Europea para cumplir las reglas fiscales comunes, y no traen buenas noticias para los intereses de los españoles, y más concretamente para el sector energético español.
El Gobierno calcula que España tendrá que hacer un esfuerzo fiscal anual de cuatro décimas del PIB de media en un periodo de siete años –unos 6.000 millones anuales– para cumplir con las reglas fiscales europeas, según han explicado fuentes del Ministerio de Economía.
Inversiones paralizadas
Algunas de las empresas afectadas como Repsol ya han anunciado que si se mantiene este impuesto la empresa no podrá llevar a cabo la transformación de sus refinerías en Bilbao, Cartagena y Tarragona con la fuerte inversión que debería hacer para poner 350 MW en electrolizadores en estos tres sitios.
No las tienes del todo consigo el Gobierno porque para que eso se produzca tendría que tener el visto bueno de sus socios, y de momento, el PNV niega la mayor para hacer permanente dicho impuesto a las energéticas. Hay muchos millones en juego en Euskadi.
Un momento distinto con unos precios mucho más bajos
El impuesto permanente debería ser distinto si el Gobierno español quiere que llegue a buen puerto. En Bruselas no gusta que el impuesto se haga sobre las ventas y no sobre los beneficios tal y como han hecho otros socios.
Se supone que es un gravamen que se estableció en un momento de crisis energética y elevados precios en la que (supuestamente) había beneficios extraordinarios. El petróleo a 100 dólares por barril, el gas a 300 €/MWh, la seguridad de suministro en juego, pero la energía más cara de la historia.
