Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica pone en marcha la nueva tarifa eléctrica regulada para los consumidores domésticos A partir del próximo lunes 1 de enero entrará en vigor la nueva fórmula de cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), al que están acogidos unos 8,5 millones de consumidores, alrededor de un tercio de todos los domésticos. El cambio será automático –los consumidores no tendrán que hacer nada– y se encargarán las compañías eléctricas, que aplicarán la nueva fórmula de precio de la energía en las facturas que emitan a partir del 1 de enero de 2024.
A diferencia de la metodología de cálculo que se aplicaba hasta ahora, introducida por la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y regulado en el Real Decreto 216/2014, donde el precio final estaba totalmente indexado al mercado mayorista diario, la nueva fórmula incorporará parcialmente las señales de precio a largo plazo. Con este fin, desde el 1 de julio pasado, las comercializadoras de referencia vienen adquiriendo a plazo parte de la energía que la tarifa PVPC consumirá en 2024.
Esta modificación supondrá un impulso a la contratación de electricidad en los mercados a plazo, lo que se traducirá en una mayor estabilidad en las facturas de hogares y micropymes españolas, evitando episodios de fuerte volatilidad, como la vivida durante los últimos años, especialmente acusada durante los primeros meses de la guerra de Ucrania.
Con esta reforma del PVPC, la factura de los hogares se beneficiará de la desindexación parcial de los mercados al contado al incorporar referencias de los mercados de futuros que aportarán más estabilidad a los precios finales de los consumidores. Esta incorporación de los futuros será gradual –representarán el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% en 2026– sin que, en ningún momento, esto suponga una alteración de las señales de precios que seguirán orientando la demanda hacia las horas de menor consumo.
Además de alentar a generadores y a comercializadoras a negociar la producción energética en los mercados a largo plazo, para obtener mayor seguridad sobre el retorno de sus inversiones, está modificación conllevará una mayor estabilidad en las facturas de la electricidad de los consumidores.
Pese a que los precios de la electricidad en los mercados mayoristas han continuado siendo inusualmente elevados durante 2023, el Gobierno destaca que las medidas para proteger a los consumidores puestas en marcha tras el inicio de la invasión de Ucrania, incluida la Solución Ibérica, se han traducido en una rebaja de un 40,5% interanual en la factura del consumidor tipo con un consumo de 2.400 kWh/año y una potencia contratada de 4,11 kW.
Así, mientras que la factura eléctrica mensual de 2022 se situó, de media, en los 75,58 euros, ese importe se redujo hasta los 44,97 euros en 2023. No obstante, el Ejecutivo no ofrece un cálculo sobre cómo será la factura del próximo año, a la que, de momento, se le ha incrementado ya el IVA del 5 al 10%.
Bono social
Tener la electricidad contratada en el mercado regulado es uno de los requisitos para ser beneficiario del bono social eléctrico, una medida de protección a la están acogidos en la actualidad más de 1,5 millones de hogares (cerca de 4 millones de personas) Estructurado tradicionalmente en dos categorías –vulnerables y vulnerables severos–, el impacto de la guerra de Ucrania en los precios energéticos llevó al Consejo de Ministros a aprobar temporalmente una tercera categoría, incluida en el RDL 18/2022, –hogares trabajadores con bajos ingresos–, que permite beneficiarse de un descuento del 40% en las facturas eléctricas.
Tanto la rebaja para este colectivo como la ampliación de los descuentos para consumidores vulnerables y vulnerables severos –que pasaron del 25% al 65% y del 40% al 80%, respectivamente– acaban de ser, además, prorrogadas por el Real Decreto-ley 8/2023, hasta el próximo 30 de junio de 2024.
Según los cálculos de Selectra, con el IVA al 10% se estima que la factura subirá 2 euros, tomando como referencia una vivienda que consume unos 190 kWh a 0.12 euros/kWh -precio del mercado libre-. Esto anualmente significaría un aumento aproximado de unos 25 euros, pasando de pagar unos 510 euros anuales a 534 euros.
Micropymes
La reforma de la tarifa regulada de la electricidad –el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)– afectará eso sí a un 30% de las pequeñas y medianas empresas españolas. Casi 40.000 negocios acogidos a esta modalidad tendrán que cambiar sus contratos de la luz el próximo mes de enero.
La nueva regulación obliga a las pymes que emplean entre 10 y 249 personas (aquellas que no se incluyen en la categoría de microempresas) a buscar una comercializadora del mercado libre.
Aproximadamente un 10% de los puntos de suministro (CUPS) del mercado regulado son empresas, cerca de 920.000. Asimismo, en España más del 4% de las empresas ocupan entre 10 y 249 personas, entorno a 143.000.
Comunidades de vecinos
Por otro lado, la referencia a las “personas físicas” que lleva a cabo la normativa del PVPC aplica a las comunidades de vecinos, ya que estas se proyectan sobre los elementos comunes asociados indisociablemente a las viviendas de las personas físicas.
A partir del 1 de enero, podrán seguir beneficiándose del PVPC —eso sí, siempre que no estén conectados a tensión superior a 1 kV y su potencia contratada sea menor o igual a 10 kW
La comercializadora acreditará que se trata de una comunidad de vecinos con su CIF (específico para las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal comenzando con la clave «H»). No tendrán que realizar ninguna actuación cuando finalice el contrato para continuar con el PVPC.
