Fuente: El Economista
El Gobierno mantiene en jaque a la inversión en los centros de datos en España. En estos momentos, varios países europeos compiten por acoger estos centros que facilitan el acceso a servicios asociados a las tecnologías de la información y conllevarán grandes volúmenes de inversión y un potente efecto tractor para la economía.
La ubicación de estos centros está condicionada por el acceso a los nudos de las redes de telecomunicaciones, pero también por el precio de la energía, su principal coste operativo debido a su gran consumo de electricidad.
Según Colliers, Madrid cuenta con casi el 90% de la oferta nacional actual (174 MW IT) pero los anuncios de nuevas inversiones se han frenado en 2023, por los problemas de acceso a la red eléctrica.
Pese a esto, la capital se postula como una de las ubicaciones ideales en Europa para acoger este tipo de instalaciones, por su situación en la confluencia de varias redes continentales de comunicaciones y por los menores costes energéticos de España gracias a su mayor disponibilidad de renovables.
Esto ya se puede observar en las cotizaciones de los precios futuros de la electricidad para 2025.
La importancia del coste energético para los CPD es evidente: en España, el coste de energía de un CPD urbano pequeño podría ascender a 11 millones de euros/año, y el de un centro extraurbano grande a unos 53 millones de euros/año.
La ventaja competitiva de España se aprecia claramente si los costes se comparan con otros países: en Francia, el país con los precios de energía más próximos a España, los CPD pagarían un 33% más: el CPD pequeño pagaría 15 millones (4 millones más que en España) y el grande 71 millones (18 millones más).
El ahorro de instalarse en España es todavía mayor si se compara con Italia, el país candidato con los precios energéticos más altos, donde los CPD pagarían un 64% más: el pequeño pagaría 18 millones (7 millones ) y el grande 87 millones (34 millones más).
Paradójicamente, la enorme ventaja competitiva de España puede perderse por el retraso en la tramitación de la conexión de los CPDs a la infraestructura eléctrica y la lentitud en la adaptación de la red de transporte eléctrico.
El Gobierno considera que la inclusión de estos centros en la planificación puede retrasarse hasta la revisión del periodo 2025-2030, mientras la CNMC trata de acelerar el acceso a los permisos.
