Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica ha pedido permiso a la Comisión Europea para crear un mecanismo de pagos por capacidad. Este sistema permitirá al Ejecutivo recuperar una serie de ayudas a las centrales de ciclo combinado para que sigan operativas pese a la fuerte caída de ingresos que ya les está provocando la mayor presencia de energías renovables.
El Gobierno da así un paso clave para evitar el riesgo de apagones al que estaría sometida España si se produce el cierre de 9 GW de centrales de gas -un tercio de las existentes- que habían solicitado las compañías, tal y como se recogía en un informe elaborado por Entsoe -asociación de transportistas de electricidad europeos- con información de Red Eléctrica.
El Ejecutivo ha mantenido durante años el silencio administrativo para evitar este cierre, pero el Tribunal Supremo confirmó a principios de mes a Naturgy la posibilidad de cerrar cinco plantas y se espera que, en las próximas semanas, recibe también el visto bueno para otras tantas.
Con el objetivo de evitar estos cierres y poder cumplir las previsiones del Plan Nacional de Energía y Clima, el Ejecutivo presentó en 2021 un borrador de orden ministerial que regulaba la creación de este tipo de pagos por capacidad.
Crisis energética
La crisis energética dejó el proyecto en un cajón hasta que la presión sobre la seguridad de suministro ha vuelto a incrementarse por la nueva caída de ingresos de estas centrales.
Transición Ecológica ha enviado a la Comisión Europea un “Plan de Implementación” -al que tuvo acceso este diario- en el que reconoce abiertamente el riesgo de apagones. Concretamente, el ministerio indica que “la disponibilidad real de recursos de generación es insuficiente para cubrir las necesidades de suministro eléctrico en España en condiciones óptimas, ya que el parque actual de generación de ciclo combinado no puede recuperar sus costes fijos, por lo que gran parte de este parque acabaría siendo retirado de la operación y funcionamiento, provocando inevitablemente un problema de suficiencia”.
El Gobierno justifica la necesidad de aprobar estos mecanismos por el escaso nivel de interconexión existente con nuestros vecinos, sobre el que asegura que habrá que seguir trabajando, y por la falta de capacidad de almacenamiento.
Ante la petición española, la Unión Europea ha abierto un proceso de consulta pública sobre este Mercado de Capacidad que permanecerá abierto a comentarios hasta el próximo 22 de diciembre.
En el documento enviado a Bruselas, el Gobierno explica en la actualidad sólo siguen en vigor los pagos del servicio de incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo comprometidos con determinadas centrales eléctricas. Más allá de 2023, esta tendencia a la baja seguirá consolidándose hasta que no queden instalaciones que puedan cobrar este incentivo en 2035. En concreto, en 2028, se producirá el pago a la última central de ciclo combinado con derecho a retribución por este incentivo (actualmente hay nueve centrales de este tipo de tecnología que reciben esta retribución). Después de esta fecha sólo quedará una instalación hidráulica (que recibirá ingresos hasta 2032) y una central de bombeo que finalizará sus cobros en 2035.
A excepción de estas plantas que siguen recibiendo estos ingresos, este mes de noviembre se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para los ciclos combinados ya que el 61,6% del total de electricidad española producida del 1 al 20 de noviembre fue renovable. De hecho, el pasado 3 de noviembre, el sistema eléctrico español registró su máximo de participación del conjunto de las energías limpias sobre el total de electricidad producida en un día, con una cuota del 73,3%.
Las renovables han alcanzado ya en noviembre su nivel de producción de todo el año 2022. España alcanzó entre el 1 de enero y el pasado 17 de noviembre una producción acumulada de 116.844 GWh de producción renovable, superando así el dato de todo del año anterior de 116.695 GWh.
Dentro del Plan de Implementación sometido a consulta, el Gobierno pone sobre la mesa también algunas medidas más que piensa incorporar en esta nueva normativa, como la agregación de la demanda ya en el año 2024 para poder equilibrar el acceso a los sistemas de garantía de suministro tanto a la generación como a la demanda.
Asimismo, el Ejecutivo prevé llevar a término modificaciones en los límites de los valores transitorios del mercado mayorista de electricidad para que pase a 15.000 euros/MWh (positivos o negativos), de acuerdo con la metodología de fijación de precios aprobada por el regulador europeo ACER. Este cambio esperan que se produzca entre mayo y julio del año próximo cuando está previsto que se conecten a las nuevas plataformas europeas de mercados de ajustes Mari y Picasso.
Asimismo, el Gobierno rechaza que la regulación de los llamados precios de escasez que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europa para situaciones de crisis pueda servir para resolver el problema de la garantía de suministro que supondría el cierre de ciclos combinados.
