Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica mantiene en vilo a Extremadura. Por un lado, sigue sin aclarar si está dispuesto a prolongar la vida de la central nuclear de Almaraz y, por otro, sigue sin presentar el estudio de impacto sobre el cierre de dicha instalación y su plan de impulso económico de la zona.
El departamento que dirige Sara Aagesen encargó el año pasado al Instituto de Transición Justa que elaborase un análisis socioeconómico para evaluar el golpe económico para Extremadura del cierre de Almaraz, tal y como adelantó elEconomista.es, con el fin de desplegar medidas y fondos destinados a mitigar los efectos de este proceso.
Esta medida, que se incluía de manera específica dentro del plan de acción urgente recogido en la Estrategia de Transición Justa, pretendía fijar el trabajo a realizar en las zonas con cierres de minerías, térmicas de carbón o centrales nucleares y así se incorporó al Plan de trabajo del Instituto de Transición Justa para 2025.
Transcurrido este año, este departamento no ha dado a conocer ningún estudio ni análisis al respecto para la zona de Extremadura y ha eliminado cualquier referencia expresa a la elaboración del mismo en su plan de trabajo para 2026.
Según el Ministerio de Transición Ecológica, el Instituto de Transición Justa sigue trabajando en esta medida e indica que la propuesta está incluida en el plan de 2026 subsumida en un apartado sobre “la elaboración de análisis socioeconómicos por sectores donde se identifiquen los desafíos y oportunidades derivados de la descarbonización de la economía española y el papel de la transición justa” frente a la referencia explícitica del plan del año anterior.
A la vez, el departamento que dirige Sara Aagesen, mantiene abierta hasta el próximo 1 de febrero la consulta pública sobre la próxima Estrategia de Transición Justa que debería incluir también el desarrollo de los planes de cierre de las nucleares.
Curiosamente, en la Estrategia que está en vigor, el Gobierno carga contra los cierres llevados a cabo por el Partido Popular de la central nuclear de Garoña y de Zorita.
La Estrategia de Transición Justa admite que, aunque el cierre de las centrales nucleares suele estar condicionado por calendarios conocidos y pactados con antelación, esa ventaja no se ha traducido en políticas eficaces de reconversión ni de acompañamiento.
El texto afirma que esta posibilidad de anticipación “no ha sido aprovechada en España”, poniendo como ejemplo los casos de Zorita y Garoña, donde el cierre o desmantelamiento se ha producido sin planes de reactivación económica ni territorial, a pesar de su impacto significativo sobre el empleo y los ingresos municipales.
El documento va más allá y hace una autocrítica institucional, al señalar que disponer de una calendarización “no ha servido para desarrollar las medidas de apoyo suficientes”, bien por falta de voluntad política, por el impacto de la crisis económica o por la ausencia de compromisos firmes de las partes implicadas. Como consecuencia, se reconoce que en muchos casos se ha priorizado la negociación de prórrogas frente a la planificación de la reactivación, una estrategia que el propio texto califica implícitamente como fallida.
Esta falta de planificación previa es presentada como una de las razones por las que los cierres han tenido efectos negativos concentrados en el empleo, la actividad económica y la demografía local, especialmente en municipios altamente dependientes de las centrales. Precisamente por ese diagnóstico crítico, la Estrategia justifica la necesidad de incorporar a las nucleares al Plan de Acción Urgente, pero curiosamente el Ministerio está dejando en la misma situación a Extremadura de lo que se vivió en Burgos o en Guadalajara.
La actual Estrategia de Transición Justa prevé la puesta en marcha de Convenios en las zonas afectadas por cierres nucleares. Estos convenios deben acompasar el cierre de las instalaciones con la llegada de nuevas actividades económicas, priorizando proyectos industriales, energéticos o de innovación que generen empleo estable y arraigado al territorio. Para ello, el Gobierno prevé financiación específica, acceso preferente a ayudas públicas y, en el caso de proyectos energéticos, prioridad en el uso de infraestructuras como la capacidad de evacuación eléctrica.
En el ámbito laboral, la estrategia contempla la recolocación de trabajadores en otras instalaciones o filiales de las empresas, así como el mantenimiento del empleo durante las fases de desmantelamiento. Para evitar cuellos de botella, se subraya la necesidad de planes específicos de formación profesional asegurando que exista personal cualificado suficiente en cada fase del proceso. Pese a esta previsión, el Gobierno no ha presentado ningún plan cuando apenas falta un año para el cierre oficial de la central.