Fuente: El Periódico de la Energía
El Gobierno ha dado a conocer una nueva normativa que introduce cambios significativos en la gestión y control de los impuestos eléctricos, afectando tanto al Impuesto Especial sobre la Electricidad como al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.
Según detalla Hacienda en el documento disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estos ajustes buscan mejorar el control tributario, especialmente en un contexto de cambios impulsados por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.
Nuevos modelos
El nuevo modelo de autoliquidación, Modelo 591, requerirá que las empresas desglosen la información por trimestres. Esto incluye datos sobre consumos de electricidad en unidades de generación, como centrales de ciclo combinado, centrales hidráulicas o aerogeneradores, entre muchos otros.
Adicionalmente, se introducen modificaciones en el Modelo 560, referente al Impuesto Especial sobre la Electricidad. Este incorpora nuevas exenciones para usos específicos, como el suministro a fuerzas armadas de otros Estados miembros de la UE en operaciones de defensa conjunta.
Recaudación
El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica representa una importante fuente de ingresos para el Estado, con una recaudación cercana a los 1.500 millones de euros anuales. Pese a las críticas por parte de ciertos sectores, el Gobierno ha reiterado que no planea eliminar este impuesto, considerado “esencial” para la sostenibilidad financiera.
El impuesto de generación eléctrica, que se ha recuperado este 2024, había recaudado hasta octubre 407 millones de euros, según el informe de la Agencia Tributaria. El Gobierno lo había recuperado después de dos años suprimido por la crisis energética, de modo que en el 2023 y 2022 apenas había reportado ingresos para las arcas públicas. En los años previos, es decir, 2021 y 2020, había generado una recaudación de aproximadamente 1.400 millones en cada ejercicio.
