Fuente: Expansión
Aquellos proyectos que no empiecen a producir electricidad perderán sus derechos. Se calcula que hay 10.000 megavatios en el aire y 4.000 millones de euros de financiación afectados.
El sector de las renovables se enfrenta, en apenas un par de meses, a lo que se considera que será la mayor criba de proyectos hasta ahora en España, con la cancelación masiva de miles de planes de desarrollo de instalaciones.
El día 25 de junio empieza a computar la fecha tope que dio el Gobierno para que los miles de proyectos de renovables que pidieron permiso en pleno boom se conecten a la red y empiecen a producir electricidad. Si los proyectos no están disponibles a partir de este hito, perderán las licencias y se verán condenados al cierre. Sobre todo porque perderán la licencia más importante de todas: la de acceso y conexión a la red eléctrica, que concede Red Eléctrica, el gestor de la alta tensión, dependiente de Redeia.
Se calcula que en España puede haber afectados más de 10.000 megavatios. Es una décima parte de todas las renovables que ahora tienen permiso de acceso a la red pero que aún no están completamente terminadas.
Además de ser un problema para el sector, también lo es a nivel financiero, porque esos proyectos dejarán colgados créditos y líneas de financiación por valor de más de 4.000 millones. El problema afecta sobre todo a proyectos fotovoltaicos. Todas las empresas de renovables, grandes y pequeñas, están alarmadas. En mayor o menor medida, todas tienen algún proyecto atascado.
El Gobierno, impasible
Ante la inminencia de la fecha, las empresas explican que el Gobierno no reacciona y no muestra signos de querer evitar la criba. Al contrario, parece decidido a que se cumpla. Los expertos consideran que será una forma de proceder a la limpieza masiva de proyectos fallidos y de dar una vuelta de tuerca a la eliminación de proyectos que lo único que perseguían era hacer negocio con el tráfico de licencias, sin una vocación clara de llevar a cabo la construcción de la instalación y su entrada en operación. Precisamente, la razón primera del establecimiento de hitos hace años fue la lucha contra la especulación.
Todo empezó hace cinco años, cuando el Gobierno promulgó el Real Decreto-ley 23/2020. En plena pandemia, esa norma introducía una batería de medidas para ayudar al sector energético. Pero, sobre todo, establecía unas fechas tope que tenían que ir cumpliendo aquellos proyectos de renovables que hubieran obtenido permiso de acceso a la red por parte de Red Eléctrica. Inicialmente, fue una norma bien acogida por todo el sector. Se presuponía que iba a servir para dejar solo los proyectos realmente sólidos y separarlos de los que eran pura especulación financiera. El decreto daba cinco años desde su publicación en el BOE -25 de junio de 2020- para la puesta en marcha de las renovables afectadas.
Con el paso del tiempo se vio que esos plazos se iban quedando cortos. Una razón esgrimida por las renovables fue la tardanza en la obtención de algunos permisos, como el medioambiental en el ámbito autonómico. Por eso, en 2023, el Ministerio de Transición Ecológica introdujo una prórroga, pero con condiciones.
La trampa
Amplió el calendario tres años, hasta 2028, pero bajo el requisito de que el promotor concretara en qué semestre iba a conectarse a la red, y lo hiciera de forma vinculante. Por ejemplo, si ponía “primer semestre de 2026”, debe conectarse en ese semestre. Ni antes, ni después. Este carácter vinculante es la trampa del sector. Una gran parte de proyectos apuró fechas y eligió conectarse en los primeros semestres de la nueva prórroga. Temían que, si elegían una fecha más tardía, podrían verse con el proyecto acabado pero sin poderlo enchufar a la red, y por lo tanto, no tener ingresos (lucro cesante). Otros expertos indican que, más allá de la lentitud en obtener licencias autonómicas, los retrasos se deben al propio promotor, que ante la situación de inestabilidad de precios, ha ralentizado voluntariamente los proyectos porque ahora las cuentas no le salen.