Fuente: El Economista
El parque de contadores de gas natural en España es muy antiguo. Según la información facilitada por los distribuidores, cerca del 72% de los aparatos que miden el consumo de gas natural en el país ha superado o está a punto de superar su vida útil, lo que implica, con las cifras en la mano, que alrededor de 5,73 millones de contadores de gas deberán ser sustituidos en los próximos años, el 99% de los cuales son domésticos.
El 24 de febrero de 2020, el Gobierno aprobó la Orden ICT/155/2020 por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. En el caso de los contadores de gas, el Anexo IV determina una vida útil máxima de 20 años para aquellos aparatos cuyo caudal máximo sea igual o inferior a 25 m3/h, y prohíbe su reparación o modificación, planteando un calendario de sustitución en un periodo de ocho años que debe ejecutarse antes de finales de 2028.
Concretamente, la Orden establece que el 30% del total del parque de contadores que lleguen a su vida útil deberá ser sustituido antes de que finalice el tercer año (2023), el 60% antes de que acabe el quinto año (2025) y el 100% antes de que llegue el final del octavo año (2028).
Sin embargo, la propuesta de modificación de la Orden ICT/155/2020 presentada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur) el pasado 19 de enero –cuyo plazo para presentar alegaciones finalizó el pasado 20 de febrero–, modifica dicho calendario.
El apartado 4.1. de la citada propuesta amplía a 13 años –a contar a partir del 24 de octubre de 2020 y extensible, por tanto, hasta finales de 2033– el plazo para sustituir aquellos contadores de gas que hayan superado su vida útil o la vayan a superar en ese periodo, de manera que el 15% del total del parque de contadores deberá sustituirse antes de que acabe el sexto año (2026), el 45% antes del final del noveno año (2029) y el 100% antes de que termine el decimotercer año (2033).
Actualmente todos los contadores de gas instalados en España son analógicos, pero la intención es sustituirlos por contadores inteligentes o smart meters, tal y como se hizo en su día con los contadores de electricidad –un proceso que arrancó en el año 2007 y culminó el 31 de diciembre de 2018– y como vienen haciendo desde hace tiempo algunos países de nuestro entorno como Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo, entre otros.
Beneficios y aprobación de la Orden Ministerial
Con el fin de analizar el coste-beneficio que implicaría la sustitución de contadores analógicos por contadores inteligentes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó en diciembre de 2021 un informe –cuya propuesta fue sometida a audiencia pública el 29 de julio de ese mismo año– que resultó ser favorable para reemplazar aquellos equipos que superen su vida útil. Según el citado informe, el cambio de contadores aportará múltiples ventajas y beneficios positivos para los clientes, a la vez que se fomentará una participación cada vez más activa del consumidor.
Además de ayudar a prevenir y combatir el fraude y lograr una mayor privacidad y seguridad de las lecturas –el 48% de los aparatos se encuentran en el interior de las viviendas–, el uso de contadores digitales acabará con las lecturas estimadas –que implica el desplazamiento de un técnico– por lecturas reales, mejorando la agilidad en los trámites.
Asimismo, conllevará una reducción del consumo, cuantificado en el 1,83%, gracias al cambio de hábitos por parte del consumidor al poder acceder a una mejor información sobre su consumo, siempre y cuando se pongan en marcha las medidas necesarias para que sea capaz de utilizar dicha información. Además, al poder conectarse a otros dispositivos de medición, el uso de contadores digitales también permitirá ampliar el abanico de ofertas comerciales, con tarifas con discriminación horaria. Los contadores inteligentes también facilitarán la introducción de los gases renovables en las redes de gas por motivos relacionados con la cantidad como con la calidad.
Fue el Real Decreto-Ley 18/2022 el que, finalmente, autorizó la implantación de los contadores inteligentes para los consumidores domésticos, cuyo cambio supondrá para las distribuidoras una inversión de 800 millones de euros. Asimismo, asigna a la CNMC la función de aprobar un precio transitorio de los contadores inteligentes de gas natural para los consumidores conectados a redes de menos de 4 bar y con un consumo igual o inferior a 50.000 kWh/año.
Precisamente el 20 de diciembre de 2023, la CNMC sometió a trámite de audiencia la propuesta de resolución en la que fija un precio transitorio del alquiler de los contadores inteligentes de 1,10 euros al mes (13,22 euros al año), cuyo periodo de alegaciones concluyó el 31 de enero de este año, y cuyo precio podrá ser revisado cuando el MITECO apruebe la Orden Ministerial que determine los planes de desarrollo para la implantación de los contadores inteligentes de gas natural.
“El sector está preparado para la sustitución de los contadores de gas natural”, afirma a elEconomista Energía Joan Batalla, presidente de Sedigas. “Ya hemos digitalizado el parque eléctrico, incluso los contadores de agua. El paso siguiente, si queremos apostar por los gases renovables, por la seguridad en las viviendas, la telegestión y brindar a los consumidores herramientas para el control de su propio consumo, es pedir al MITECO que apruebe de manera urgente la Orden Ministerial que permita el despliegue de los contadores de gas digitales. Esto permitirá incorporar definitivamente la telegestión a todos los consumidores domésticos que tienen a fecha de hoy un modelo de contador analógico, y reconocer los costes derivados de la sustitución y adecuación de los nuevos equipos. Y, por otro lado, que se establezca de manera clara los hitos temporales para poder planificar con tiempo este cambio y generar un plan industrial con todos los actores involucrados“, añade Batalla.