Fuente: El Economista
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrirá a consulta pública un proyecto de real decreto para reforzar la protección de los consumidores de gas natural, en línea con las actuaciones ya contempladas para los consumidores de electricidad.
La iniciativa persigue modificar el Real Decreto 1434/2002 con el objetivo de ampliar la protección de consumidores, especialmente en lo relativo a colectivos vulnerables. Entre los problemas identificados figuran deficiencias en los mecanismos para prevenir el corte de suministro por impago, carencias en la coordinación entre comercializadoras y administraciones públicas, y falta de garantías procedimentales claras en los procesos de interrupción y reconexión del suministro.
También se plantean cambios en las condiciones de facturación para reforzar la transparencia y evitar impactos desproporcionados ante incrementos imprevistos, así como mejoras en la claridad de las ofertas comerciales y en el acceso al comparador de precios. De forma expresa, el proyecto contempla la prohibición de llamadas comerciales no solicitadas en la comercialización de gas natural.
Estas situaciones, advierte, pueden generar escenarios de indefensión y afectar de forma desproporcionada a hogares en situación de vulnerabilidad económica o social.
De forma simplificada, el cambio busca alinear la regulación del gas natural con los estándares ya establecidos en el sector eléctrico, donde recientemente se ha aprobado un nuevo real decreto sobre contratación y suministro. Además, el proyecto se adapta al marco europeo definido por la Directiva (UE) 2024/1788 y el Reglamento (UE) 2024/1789, que introducen nuevas exigencias en materia de derechos de los consumidores y protección de usuarios vulnerables en los mercados de gas renovable, gas natural e hidrógeno.
En cuanto a la necesidad y oportunidad de la norma, el Ministerio recuerda que ya se realizó una consulta pública entre septiembre y octubre de 2024 para la transposición de la directiva europea y la adaptación del reglamento. Sin embargo, en un contexto de elevada volatilidad de precios y riesgo de exclusión energética, considera imprescindible reforzar de manera inmediata las garantías para los consumidores de gas natural.
En este escenario, el Ministerio recabará la opinión de los agentes y organizaciones potencialmente afectados antes de la redacción del texto definitivo. El plazo para remitir aportaciones permanecerá abierto desde el 11 de febrero hasta el 3 de marzo de 2026.