Fuente: El Economista
El Gobierno se olvida de las subastas obligatorias de energía de las grandes eléctricas para este año. La reforma de la tarifa regulada de electricidad -el llamado Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)-, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, no incluye la obligación de celebrar subastas inframarginales.
Sin embargo, fuentes ministeriales apuntan la nueva metodología del PVPC contempla la posibilidad de incorporar el precio resultante de las subastas, si estas se celebran. Así, el resultado de la subasta supondría el 10% del nuevo PVPC, tal y como establece el borrador que salió a información pública el año pasado.
El Ministerio de Transición Ecológica acumula ahora mismo más de 18 meses de retraso. Y es que el Real Decreto-Ley 17/2021, por medio del cual se orquestó un plan de choque para contener el encarecimiento de la electricidad, incorporaba una orden explícita para que el Ejecutivo celebrase la primera subasta de energía eléctrica inframarginal antes del 31 de diciembre de 2021.
El objetivo de la subasta era incrementar el mercado a plazo, pero forzando la venta de energía. Solo el 5% de la energía en Europa se vende en el pool, el resto de toda la energía hidráulica, nuclear y renovables reguladas (la que estaría obligada a acudir a las subastas) está ya vendida a clientes finales a precio fijo, tal y como se ha podido ver en los resultados de las compañías.
Estas subastas obligan a las grandes eléctricas –Iberdrola, Naturgy, Endesa y EDP– a vender una parte de su electricidad producida por hidroeléctricas y renovables a las comercializadoras independientes y a grandes consumidores industriales, lo que ha generado fuertes tensiones.
Debate entre comercializadoras
Las comercializadoras independientes denuncian que las grandes empresas reservan exclusivamente la electricidad para sus propias filiales comerciales. Esto les permite captar nuevos clientes y llevar a cabo estrategias de retención. Según las compañías independientes, si se permitiera la participación en subastas eléctricas inframarginales, podrían acceder a energía más barata y competir en igualdad de condiciones en el mercado.
Por otro lado, los generadores de electricidad argumentan que la venta de electricidad a precios fijos está abierta a todo tipo de comercializadoras, incluyendo a las independientes, que tienen la opción de ofrecer precios fijos competitivos invirtiendo en generación renovable o firmando contratos a largo plazo.
En relación a esto, las empresas eléctricas denuncian que las subastas obligatorias de energía no beneficiarían a los consumidores al no reducir las facturas. Advierten que estas subastas podrían perjudicar a los consumidores que han acordado precios fijos, ya que las comercializadoras tradicionales se verían obligadas a romper dichos contratos de suministro.
Las comercializadoras de referencia, que soportan la obligación de suministro de último recurso, sostienen además que las quiebras de las pequeñas no son una ventaja sino que suponen un quebranto a los agentes implicados que pasan a ser suministrados por Comercializadoras de Último Recurso en condiciones de PVPC diferentes a las que tenían pactadas, e incluso pueden tener que asumir el perjuicio derivado de los impagos.
