Fuente: El Economista
El Gobierno descarta que las subastas obligatorias de energía de las grandes eléctricas lleguen este año. “Dudo que en esta legislatura se lleven a cabo las subastas inframarginales”, reveló Albert Riera, asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía.
El Ministerio de Transición Ecológica acumula ahora mismo 16 meses de retraso. Y es que el Real Decreto-Ley 17/2021, por medio del cual se orquestó un plan de choque para contener el encarecimiento de la electricidad, incorporaba una orden explícita para que el Ejecutivo celebrase la primera subasta de energía eléctrica inframarginal antes del 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, y pese a ser una disposición legal en vigor, estas subastas todavía no se han tenido lugar.
De este modo, la reforma de la tarifa regulada de electricidad -el llamado Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)-, que debería aprobarse en este primer semestre de 2023, no incluirá esta obligación de subasta inframarginal.
Estas subastas obligan a las grandes eléctricas -Iberdrola, Naturgy, Endesay EDP- a vender una parte de su electricidad producida por hidroeléctricas y renovables a las comercializadoras independientes y a grandes consumidores industriales, lo que ha generado fuertes tensiones.
Enfrentamiento
Las comercializadoras independientes han denunciado que las grandes compañías reservan esa electricidad para sus propias comercializadoras, lo que les permite captar nuevos clientes o llevar a cabo políticas de retención. Según estas compañías, las subastas de energía eléctrica inframarginal permitirían a las comercializadoras independientes acceder a esa energía barata y competir en el mercado en igualdad de condiciones.
Mientras, los generadores defienden que la venta de electricidad a precios fijos está abierta a todo tipo de comercializadoras, de modo que las independientes tienen opciones para ofertar también a precios fijos competitivos, invirtiendo en generación renovable o firmando contratos a largo plazo. De otra manera, argumentan que estas empresas asumirían el papel de revendedores y difícilmente podrían ofrecer menores precios.
En este sentido las eléctricas denuncian que las subastas obligatorias de energía no tendrían ningún beneficio para los consumidores ya que no abaratarían la factura. Alertan que sí supondrían una penalización a los consumidores con precios fijos pactados, puesto que las comercializadoras tradicionales se verían obligadas a romper estos contratos de suministro. Las comercializadoras de referencia, que soportan la obligación de suministro de último recurso, sostienen además que las quiebras de las pequeñas no son una ventaja sino que suponen un quebranto a los agentes implicados que pasan a ser suministrados por Comercializadoras de Último Recurso en condiciones de PVPC diferentes a las que tenían pactadas, e incluso pueden tener que asumir el perjuicio derivado de los impagos.
