Fuente: El Economista
El Gobierno ultima un Real decreto escoba en el que incluye una ampliación de seis meses para los 43.000 MW que siguen pendientes de superar los hitos marcados por el ejecutivo para no perder los derechos sobre los puntos de acceso y conexión. Esta nueva prórroga servirá para salvar más de 43.000 millones de inversión en el sector de las renovables que podrían, de otro modo, no llegar a materializarse.
El Ministerio de Transición Ecológica otorga medio año adicional a los promotores para poder cumplir con las exigencias impuestas en las declaraciones de impacto ambiental aunque mantiene la fecha de entrada en operación de las plantas renovables.
Según el borrador del decreto, al que tuvo acceso elEconomista.es, en estos momentos hay 68 GW en tramitación y de esta cantidad un total de 43 GW cuenta con una fase similar de desarrollo e idénticos plazos (80% fotovoltaica y 20% eólico), lo que dificulta llegar al hito del 25 de julio -justo dos días después de las elecciones generales- con la documentación en regla y obligaría a ejecutar los avales y retirar los permisos concedidos en estos últimos años.
Superávit eléctrico
La nueva normativa incluye también la propuesta de decreto sobre comunidades solares que el Ministerio de Transición Ecológica había sometido a consulta pública y además dispone la aplicación inmediata del superávit del Sector Eléctrico en el ejercicio 2022 al ejercicio 2023 para financiar las medidas destinadas a mitigar los efectos de la guerra de Ucrania, es decir, más de 6.000 millones de euros que irán en parte a prorrogar las ayudas que recibe la industria electrointensiva hasta finales de 2023.
La nueva normativa actualiza asimismo los parámetros retributivos para el semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2023 y finaliza el 31 de diciembre de 2025, considerando la actualización de las estimaciones de los ingresos estándar por la venta de energía en el mercado y los 58 parámetros directamente relacionados con éstos. Adicionalmente, para aquellas instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, procedería actualizar la retribución a la operación del primer semestre de 2023, considerando la evolución de los costes de combustibles. Así, para el semiperiodo regulatorio comprendido entre el 1 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2025, la estimación del precio del mercado eléctrico para el año 2023 se realizará considerando los valores del mercado diario entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2023 y los valores de futuros negociados en dicho periodo para la energía entregada entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del 2023. Por otro lado, la estimación del precio del mercado eléctrico para el año 2024 y posteriores se realizará a partir de los mercados de futuros.
También se actualizan dichos parámetros retributivos para aquellas instalaciones tipo cuyos mcostes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, considerando la evolución de los costes de combustibles. En este sentido, se prevé que, para el primer y segundo semestre de 2023, la estimación del precio de los combustibles se realizará en base a una metodología coherente con la seguida para la estimación del precio del mercado eléctrico.
Facilitar los puntos de recarga
Este real decreto-ley, se propone elevar la anterior potencia de las infraestructuras de recarga de 250 kW a 3 MW. Este incremento del umbral de potencia busca encontrar el punto de equilibrio entre las mayores facilidades administrativas de despliegue de los puntos de recarga cuando estos no tienen que someterse al régimen de autorizaciones previsto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y la declaración de utilidad pública que sigue resultando imprescindible cuando los proyectos adquieren una cierta envergadura, siendo este umbral de 3 MW el punto de encuentro óptimo entre estas dos realidades.
Finalmente, se prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el precio máximo de venta de la bombona de butano de 19,55 euros que se estableció en junio del año pasado. El precio máximo de venta de la bombona está regulado y se revisa bimestralmente; en la actualidad, gracias a la relajación de las cotizaciones internaciones, está situado en 15,96 euros.