Fuente: Cinco Días
El Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, que se prolongará hasta 2033 y tendrá un presupuesto de 475 millones de euros. En la operación se prevé que trabajen hasta 350 personas de forma simultánea. El departamento que dirige Teresa Ribera publicó este lunes en el BOE la orden ministerial que autoriza el traspaso de la titularidad de la instalación de Nuclenor (sociedad hasta ahora propietaria de Garoña en la que participan al 50% Endesa e Iberdrola) a a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), la encargada del desmantelamiento.
“Garoña es un ejemplo de lo que no debiera volver a ocurrir”, afirmó este lunes Ribera al término de un desayuno informativo en Madrid a cargo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, sobre el desmantelamiento de la planta. Ribera añadió que “es un paso adelante en ese proceso ordenado de cierre con total responsabilidad, con garantías para la población y con alternativas económicas”, después de haber superado la evaluación ambiental del proceso de desmantelamiento “seguro y sin riesgo para nadie”.
Para Ribera, este desmantelamiento ofrece una “perspectiva para una región que hace mucho tiempo que viene reivindicando un futuro para sus vecinos”, y de esta manera, el Instituto para la Transición Justa (ITJ), colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales.
Garoña, situada en el Valle de Tobalina (Burgos), con una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, su decisión de no seguir explotándola en protesta por un gravamen que impuso entonces el Gobierno.
En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación y, tras un largo culebrón, que incluyó la solicitud de renovación del permitso por parte de Nuclenor, en 2014, finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía.
En ese momento Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento que constan de dos fases y cuentan con un presupuesto, sin contar con la gestión del combustible gastado, de 475 millones. Está previsto que los trabajos duren hasta 2033. En la Fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la planta.
Posteriormente, en la Fase 2 (2027-2033), ya con el combustible fuera, se procederá al desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.
La autorización para el desmantelamiento llega después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021, de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiese un informe favorable el pasado mayo y tras haber obtenido la declaración de impacto ambiental con las condiciones ajustadas al proyecto.
Para la Junta de Castilla y León, se trata de una decisión “precipitada e inadecuada” sin que haya contado con un plan de transición justa específico para la zona de influencia.
