Fuente: El Economista
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), un Real Decreto con medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, orientado a mejorar la resiliencia de la red, fomentar el almacenamiento energético y acelerar la electrificación de la economía. La norma, que recupera varias disposiciones del Real Decreto-ley 7/2025 que finalmente fue derogado en verano, busca “aprovechar las oportunidades de la transición ecológica” y modernizar el marco regulatorio del sector eléctrico español. Este texto, a diferencia del anterior que se tumbó, no requiere validación por parte del Congreso.
Entre las principales novedades, el texto refuerza la supervisión y el control del sistema eléctrico, ampliando las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De acuerdo al nuevo texto, el organismo publicará informes trimestrales sobre las obligaciones de control de tensión y llevará a cabo un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición del suministro, que se repetirá cada tres años.
El Operador del Sistema (Red Eléctrica de España) deberá, por su parte, elaborar propuestas de modificación normativa para optimizar la respuesta ante oscilaciones de potencia, la programación de restricciones técnicas o la coordinación entre redes de transporte y distribución. Estas propuestas técnicas deberán estar listas en un plazo de entre tres y seis meses, y las reformas normativas resultantes se aprobarán en un máximo de seis meses adicionales.
Almacenamiento, electrificación y repotenciación
Uno de los ejes del decreto es el impulso al almacenamiento de energía, considerado clave para el equilibrio y la seguridad del sistema eléctrico. Dado que el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) persigue alcanzar 22,5 gigavatios de capacidad de almacenamiento en 2030, la nueva norma prioriza las hibridaciones de sistemas de almacenamiento con plantas de generación ya existentes, facilitando su tramitación cuando se ubiquen en terrenos previamente ocupados.
Asimismo, el texto introduce medidas para fomentar la electrificación de la economía y facilitar el acceso de nuevas actividades industriales a la red. Se establece una caducidad de cinco años para los derechos de acceso y conexión que no se utilicen, con el fin de evitar prácticas especulativas. Además, las solicitudes deberán incluir el código CNAE de la actividad económica a desarrollar, que deberá mantenerse en el momento de formalizar el contrato de acceso.
El decreto también fija plazos máximos para las distribuidoras a la hora de poner en marcha extensiones de red, especialmente en relación con la recarga de vehículos eléctricos. En suelos urbanizados, las empresas deberán responder en cinco días si no hay que ampliar la red, en 30 días si se precisa una ampliación, en 60 días si se requiere un nuevo centro de transformación y en 80 días como máximo cuando sea necesario construir varios centros.
Otro de los pilares de la norma es el impulso a la repotenciación de instalaciones renovables. Es decir, la sustitución de equipos antiguos por tecnologías más eficientes. El Gobierno elaborará en un plazo de nueve meses una Hoja de Ruta Nacional para la Repotenciación, que incluirá objetivos estratégicos y medidas técnicas, regulatorias y financieras para incentivar la renovación del parque energético y aumentar la producción.
El texto también regula el régimen de plataformas de I+D+i destinadas a la prueba de prototipos de generación o almacenamiento. Estas instalaciones podrán operar con una única autorización de explotación, lo que facilitará desconectar un prototipo y conectar otro sin necesidad de reiniciar el proceso administrativo.
Por último, el decreto unifica los criterios de autorización y puesta en servicio de las instalaciones de generación y almacenamiento, clarificando los procedimientos en casos donde varias plantas compartan infraestructuras de evacuación o deban cumplir distintos hitos de tramitación.
Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo pretende modernizar la red eléctrica española, agilizar la integración de nueva capacidad renovable y garantizar un suministro más estable, eficiente y seguro, en línea con los compromisos europeos de descarbonización y neutralidad climática.
Valoración positiva del sector fotovoltaico
Respecto al contenido del RD, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) valoró positivamente la aprobación, subrayando que puede suponer “un importante impulso al almacenamiento”. En un comunicado, la patronal destacó que la norma puede racionalizar la tramitación administrativa de la hibridación con plantas de generación de energía renovable ya existentes, lo que puede permitir un crecimiento destacado de esta tecnología en 2026.
“Unas medidas que desde el sector estaban reclamando, como la redefinición de potencia instalada, que evita tener que cambiar de órgano sustantivo y comenzar el proceso de nuevo desde el inicio en la tramitación de la hibridación, o el reconocimiento de los estudios de impacto ambiental ya realizados en la planta sin necesidad de duplicar su tramitación”, añadió al respecto.