Fuente: El Economista
El Gobierno ha endurecido las condiciones para conservar los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica con el objetivo de acelerar la liberación de la capacidad que permanece bloqueada.
El Real Decreto-ley 7/2026 introdujo una prestación económica periódica para los titulares de permisos de acceso y conexión de instalaciones de demanda conectadas a una tensión igual o superior a 1 kV. Esta prestación debe abonarse al gestor de la red desde la concesión del permiso hasta el inicio efectivo de la actividad y pretendía desincentivar que empresas y promotores reservasen capacidad durante largos periodos de tiempo sin materializar sus proyectos.
La norma aprobada el pasado mes de marzo, contemplaba la caducidad automática del permiso cuando un impago superase el 10% de la cantidad que debía abonarse durante un año natural. También establecía que, cuando el permiso caducase, el titular perdería el derecho a recuperar las cantidades pagadas previamente en concepto de reserva de capacidad.
Ahora el Ejecutivo acaba de dar una nueva vuelta de tuerca después de comprobar que las primeras medidas impuestas apenas han sido efectivas.
Según fuentes consultadas por elEconomista.es, en la red de distribución apenas se han registrado abandonos de 1.2 GW que se suman a los 16 proyectos de transporte con una potencia de 1 GW. Es decir, en total apenas se han liberado 2,2 GW para nueva demanda, una cantidad que apenas supone un leve paso para afrontar las peticiones existentes.
Ante este escenario, el Gobierno ha querido endurecer aún más el régimen actual, un extremo que ha generado cierta controversia en el sector por sus dificultades para la aplicación.
El Real Decreto-ley 18/2026 reduce ahora considerablemente el margen disponible para incumplir o retrasar esos pagos. El periodo utilizado para comprobar si se ha superado el límite del 10% pasa de un año natural a un trimestre natural. De este modo, un promotor ya no dispone de todo el ejercicio para corregir o compensar los impagos acumulados, sino que puede perder los permisos al cierre de cualquiera de los cuatro trimestres del año.
La nueva redacción establece que la caducidad será automática cuando el incumplimiento supere el 10% de la prestación que debía haberse abonado durante el trimestre correspondiente. Además, precisa que para calcular ese porcentaje se tendrán en cuenta todas las cantidades impagadas acumuladas desde el comienzo de la obligación de pago.
Esta incorporación impide que los titulares eludan la caducidad mediante pequeños impagos sucesivos. Aunque cada incumplimiento considerado individualmente se mantenga por debajo del 10%, las deudas anteriores continuarán computándose en los trimestres posteriores hasta ser satisfechas. La medida refuerza así la vigilancia continuada sobre el cumplimiento económico y limita la posibilidad de conservar capacidad mediante pagos parciales o regularizaciones tardías.
El endurecimiento no afecta únicamente al plazo. La norma mantiene que la pérdida del permiso, tanto por impago de la prestación como por otras causas de caducidad previstas en la regulación, supone también la pérdida del derecho a cualquier minoración o devolución de las cantidades abonadas. Por tanto, el titular puede perder simultáneamente la capacidad reservada y los anticipos entregados durante la tramitación del proyecto.
En términos prácticos, el cambio transforma una comprobación esencialmente anual en un control trimestral y acumulativo. La Administración podrá detectar así antes los incumplimientos y recuperar con mayor rapidez la capacidad asignada a proyectos sin suficiente respaldo financiero o con escaso grado de maduración. No obstante, también se abre la puerta a que un retraso en el pago o la pérdida de una factura pueda acabar dejando en vía muerta a proyectos que resultan viables, tal y como explican fuentes consultadas por este diario.
El régimen es especialmente relevante para centros de datos, instalaciones industriales, proyectos de hidrógeno, almacenamiento y otros grandes consumidores que necesitan reservar volúmenes elevados de potencia antes de entrar en funcionamiento. Estos promotores deberán mantener una disciplina de pago mucho más estricta durante toda la fase de desarrollo.
La finalidad última es reducir el acaparamiento de capacidad y facilitar que los megavatios ocupados por iniciativas paralizadas puedan reasignarse a proyectos con mayores garantías de ejecución. El permiso de acceso deja así de poder conservarse mediante una expectativa futura de inversión y queda condicionado a un compromiso económico constante y verificable.
Por otra parte, el fracaso en el abandono de las reservas de puntos de acceso, explican en el sector, se debe a la escasez de los mismos y a las dificultades que se están incorporando. De este modo, los promotores consideran que aquellos que tienen capacidad asignada están manteniendo un activo cada vez más valioso pese a su limitación de uso por la exigencia de que sean los mismos CNAE de actividad.